La Contraloría de Tarija inició un proceso penal contra el alcalde tarijeño, Óscar Montes, por el supuesto incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones de la licitación pública para la compra de 1.500 toneladas de cemento asfáltico hace cinco años. Por esa compra, la municipalidad pagó Bs 9 millones.
En la fundamentación del proceso, el burgomastre aseguró que no existe daño económico al Estado, sino que la Contraloría observa que durante la firma del contrato no se exigió el certificado de garantía por un año, pero él adujo que no se pide esa documentación. Seis personas, entre técnicos y oficiales mayores, acudirán hoy a la Fiscalía de Distrito a prestar su declaración.
“En nuestro pliego de condiciones especificaba que el certificado de garantía se nos tenía que entregar junto con el producto”, dijo el burgomaestre, al opinar que el nuevo proceso que enfrenta tiene un trasfondo político y busca penalizar la función pública a través de la Ley Marco de Autonomías.
Por su lado, el concejal cruceño Óscar Vargas lamentó que Montes y el alcalde de La Guardia, Jorge Morales, considerados por algunos como los mejores alcaldes del país, ahora enfrenten procesos judiciales y con riesgo de ser destituidos de sus cargos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario