El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, recibió la tarde de ayer una notificación de la Fiscalía para comparecer ante esta instancia y responder a una nueva denuncia en su contra, por la firma de un convenio con la Alcaldía de San Ramón para la construcción de una carretera en ese municipio, cuando era prefecto de ese departamento.
Con esta denuncia, suman nueve las investigaciones a las que viene respondiendo Suárez, por supuestos hechos irregulares cometidos cuando era prefecto y ahora como Gobernador departamental.
Suárez recibió esta novena citación a pocas horas de su comparecencia ante la Fiscalía de Trinidad, para prestar declaraciones informativas sobre la octava denuncia interpuesta en su contra, con la que fue citado la semana pasada, por la promulgación de la Ley Departamental de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales Electas.
El Gobernador, según anticiparon ayer sus asesores, se presentará hoy a las 9:00 en la Fiscalía, para asumir su defensa sobre cargos por la promulgación de la mencionada ley, el 3 de marzo pasado, que previamente fue aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental.
En este mismo caso, por la aprobación de esa ley, fueron citados 14 de los 28 asambleístas departamentales, todos de Primero Beni (agrupación del gobernador Suárez), dos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y uno indígena. La semana pasada declararon siete, y entre el lunes y ayer, los otros siete se acogieron al silencio.
En los dos últimos días, la Fiscalía, según se conoció, entregó citaciones a varios funcionarios de la Gobernación para que se presenten a declarar como testigos dentro el caso de supuesto intento de soborno a dos asambleístas afines al MAS, para que no asistan a la sesión donde debería aprobarse la revisión de la Ley 05 de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales Electas.
Suárez reiteró ayer que todas estas acciones judiciales son parte de una persecución y amedrentamiento promovido desde el Gobierno y el MAS para alejarlo del cargo y asumir la conducción de la Gobernación beniana, que no pudieron ocuparla a través del voto en las elecciones del 4 de abril del pasado año.
Agregó que él continuará trabajando y entregando obras, muy a pesar del Gobierno, por el desarrollo de ese departamento.
Ante la imposibilidad de trasladarse a las provincias, por las restricciones que le ha impuesto una juez como medidas cautelares dentro de uno de los casos; el Gobernador ayer entregó, en instalaciones de la Gobernación, sillas de ruedas a personas con discapacidad y firmó convenios para la ejecución de diferentes convenios.
INVESTIGACIONES CONTRA SUÁREZ
• El 30 de mayo pasado, el Gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, fue notificado por la fiscalía atendiendo a la denuncia del Director Departamental del Trabajo que lo acusa de sedición y resoluciones contrarias a la Constitución. Según la denuncia, el Gobernador dispuso horario continuo el pasado 16 de mayo y lo hizo obviando el criterio de la jefatura departamental del Trabajo, para que los funcionarios de la Gobernación se declaren en vigilia en el juzgado, donde se definían medidas cautelares.
• El 16 de mayo pasado, la juez Narda Vega ordenó la detención domiciliaria, el arraigo y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos al Gobernador del Beni, dentro el caso de supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como prefecto del departamento, al autorizar un desembolso para la reparación de un motor de generación de energía para un municipio.
•El 26 de julio del año pasado, la Fiscalía de Beni le imputó formalmente por haber convocado, administrado y ejecutado el referéndum autonómico del 1 de junio de 2008, en el que se gastó 3.319.060 bolivianos de los recursos públicos destinados a la región, de manera ilegal, según denuncia de la Contraloría.
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