Soza aduce amenazas y se aleja del caso terrorismo

Marcelo Soza Álvarez, fiscal a cargo de la investigación de presunto terrorismo y separatismo en el país, renunció ayer a continuar con el caso, aduciendo amenazas contra su persona y su familia, además de declararse víctima de una campaña de desprestigio en su contra orquestada por los imputados y acusando a algunos medios de comunicación de tergiversar la información relacionada al caso.
El inesperado alejamiento del cuestionado representante del Ministerio Público no pudo ser confirmado oficialmente. Incluso desde la Fiscalía de Distrito de La Paz se indicó que en esas dependencias no hay constancia oficial de la renuncia de Soza a continuar con la dirección del caso, aunque la carta que se le atribuye a Soza está dirigida al fiscal General, Mario Uribe, que radica en Sucre.
“He sido víctima de una serie de difamaciones, calumnias e injurias por parte de políticos, imputados, abogados defensores y otras personas que tratan de hacer creer a la población en general que este hecho nunca existió y que todo fue armado por el Gobierno, por lo que la vía más fácil es atacar la dignidad de las personas, en este caso la mía, para así lograr desprestigiar toda la investigación”, señala la renuncia.
Soza también acusó a los medios de comunicación de tergiversar la información referida a la investigación “imparcial e independiente” del caso, “colocando en sus medios imágenes, entrevistas, videos y grabaciones de dudosa procedencia, que van en contra de la intimidad de las personas”.
“Estos aspectos provocan la imposibilidad de protegerme y proteger a mi familia, ya que se trata de una cadena de personas en la que se encuentran involucrados extranjeros con antecedentes peligrosos, políticos nacionales, empresarios, instituciones cívicas, logias y otras contra los que como individuo y parte de esta sociedad me encuentro en alto riesgo profesional y familiar”, agrega la misiva.
Según la agencia estatal de noticias ABI, la información sobre la renuncia de Soza no pudo ser confirmada ‘ni siquiera en medios allegados a Uribe’ y menos en la página web de la Fiscalía General del Estado, que hasta las 22:00 no había consignado información al respecto.
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, dijo desconocer la supuesta renuncia. “Se ha establecido de que no ha llegado ninguna nota en el transcurso del día. Si es que existe algo puede ser directo a la Fiscalía General”, remarcó la fiscal.
Gary Prado Araúz, hijo del general Gary Prado Salmón, uno de los investigados por el caso Rózsa, cree que la renuncia de Soza se debe a la “imposibilidad de sustentar una acusación mal hecha y sin probabilidades de sobrevivir una nueva audiencia conclusiva”.
“En la práctica (Soza) se aplazó en el examen (la audiencia conclusiva) y, metafóricamente hablando, por no aplazarse también en el ‘desquite’ quiere ‘cambiar de colegio’ antes que se acabe el año”, señaló Prado.
Otto Ritter, abogado de Prado, dijo que la renuncia de Soza no es irrevocable y por tanto no es seria, sino que es otra maniobra para “victimizarse” y ganar tiempo tras las falencias del juez a su acusación formal y falta de pruebas.
Fiscal entregó la acusación individualizada
Antes de que se haga pública  la supuesta renuncia de la autoridad, Marcelo Soza informó ayer de que entregó al juez Rolando Sarmiento la acusación individualizada de los imputados, tal como lo dispuso la autoridad judicial.
“Lo que faltaba era codificar los elementos probatorios y eso se ha cumplido el miércoles”, dijo Soza a los medios.
Ahora, los imputados esperan la notificación del juzgador donde se establecerá el lugar, fecha y hora para continuar con la audiencia conclusiva, que fue suspendida en Cochabamba debido a los errores cometidos por Soza en la imputación y que presuntamente fueron subsanados.
    Pidieron su renuncia   

Montaje. En octubre de 2009, parlamentarios de oposición pidieron la renuncia del fiscal Soza luego de que un video filtrado a los medios supuestamente mostraba a miembros de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) ‘sembrando’ pruebas en el hotel Las Américas y el stand de Expocruz.

Video-soborno. En enero de este año, los legisladores de PPB-Convergencia Nacional reiteraron el pedido de renuncia a Soza, luego de hacerse público el denominado video-soborno, en el cual se observa a Ignacio Villa Vargas recibiendo $us 31.500 de manos de Carlos Núñez del Prado, entonces funcionario del Ministerio de Gobierno.

Acusación. En marzo, Soza adelantó la posibilidad de presentar su renuncia al caso, luego de ser denunciado por Gary Prado Araúz por una serie de delitos relacionados con el video-soborno. El fiscal fue llamado a declarar sobre el caso.