La Ley Orgánica de Garantías Democráticas fue desarrollada por un grupo de consultores ajenos a la Alcaldía Municipal, pese a que la institución tiene alrededor de cinco asesores legales.
Fue el propio alcalde, Oscar Montes, quien indicó que la norma, que lo favorece en caso de ser imputado por un caso de corrupción, tuvo un costo de 20 mil bolivianos, gastos que fueron erogados a la Alcaldía Municipal.
Sin embargo el concejal oficialista y ex funcionario de la Alcaldía, Francisco Rosas, contradijo las declaraciones de Montes asegurando que la ley fue elaborada por los abogados del Concejo Municipal y que ésta no tuvo ningún costo. ¿Quién miente?, surge la duda.
Montes explicó que para la elaboración de la Ley Orgánica de Garantías Democráticas se contrató a un grupo de expertos para que mediante una consultoría trabajen en la elaboración del documento. Por el trabajo la Alcaldía canceló la suma de 20 mil bolivianos.
“Se contrató expertos, se ha contratado una consultoría, se pagó a los expertos 20 mil bolivianos ya que son leyes municipales. Y vamos a seguir contratando consultores, por ejemplo para elaborar un plan estratégico para turismo y tenemos que traer expertos, aquí no tenemos expertos, necesitamos de alguien quien nos hable sobre un banco de tierras”, explicó la autoridad quien no quiso profundizar más sobre el tema.
Sin embargo, esas declaraciones fueron desvirtuadas por el concejal de UNIR, Francisco Rosas.
Al ser consultado sobre quiénes elaboraron la Ley Orgánica de Garantías Democráticas, el concejal explicó que fue la Comisión Jurídica, integrada por él y las concejales Delia García y Noemí Vásquez, ambas también UNIR.
Según Rosas, dicha comisión recibió el asesoramiento de los abogados del Concejo Municipal de amigos, aseverando así que no se contrató a ninguna persona externa.
También se le consultó sobre el costo del trabajo y Rosas dijo no tener conocimiento que éste haya tenido un costo como los señaló el Alcalde Municipal. “En realidad este proyecto lo ha propuesto el Ejecutivo y también la Comisión Jurídica del Concejo Municipal y no tengo conocimiento que haya tenido un costo, la verdad”, expresó.
Sobre el mismo tema, el vicepresidente del Concejo Municipal, Sergio Gallardo, señaló que el documento de la ley fue remitido a su persona el día miércoles a horas 16.10, cuando la normativa indica que cada concejal debe tener en mano cualquier tema a tratar, 24 horas antes del inicio de sesión.
“Nosotros entendimos que era proyecto del Alcalde, porque es el Alcalde quien suscribe la solicitud para que se apruebe el proyecto de Ley y no tenemos información alguna por quienes ha sido trabajada, nadie aparece como proyectista del Municipio o algún concejal”, expresó.
Aseguró que indagará sobre el tema, ya que tanto la Alcaldía como el Concejo Municipal cuenta con un equipo de asesores legales, motivo por que no habría razones para contratar a una consultora externa.
Cabe recordar que la Ley Orgánica de Garantías Democráticas fue presentada, dos días después de conocerse dos escándalos de corrupción que involucran al Alcalde Montes y concejales. Uno tiene que ver con expropiación de los terrenos para la Villa Olímpica y el segundo es por el caso de los postes-burguer.
MONTES: “LA GOBERNACIÓN TENDRÁ QUE APLICAR LA LEY”
Para el alcalde de Tarija la Ley Orgánica de Garantías Democráticas no transgrede la Constitución Política del Estado (CPE). Aseguró que la normativa no sólo busca proteger a la autoridad municipal, sino también a los funcionarios que trabajan en los proyectos de la Alcaldía.
Con relación al contenido de la ley, Montes aseguró que todos los gobiernos, tanto departamentales y municipales tendrán que aplicarla tarde o temprano.
“Estoy seguro que la propia Gobernación tendrá que aplicarla, porque de lo contrario continuará paralizada, se necesita cierta estabilidad y seguridad jurídica para hacer gestión pública”, expresó el burgomaestre, a tiempo de admitir que en los tres primeros meses de la gestión 2011, no se avanzó en obras ni proyectos.
Asimismo aseguró que no busca rehuir de sus procesos legales. La autoridad adelantó que el día que tenga una imputación formal pedirá licencia a la Alcaldía para asumir su defensa y en caso de que las cosas salgan a su favor retomará sus funciones como Alcalde. “Yo hasta ya tengo redactada una carta, el día que tenga una imputación prefiero que venga otro Alcalde”, manifestó.
Finalmente Montes recalcó que la ley busca dar seguridad a las autoridades y funcionarios de la institución, misma que está sujeta a los artículos que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
“Se contrató expertos, se ha contratado una consultoría, se pagó a los expertos 20 mil bolivianos ya que son leyes municipales. Y vamos a seguir contratando consultores, por ejemplo para elaborar un plan estratégico para turismo y tenemos que traer expertos, aquí no tenemos expertos”
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