Me quieren tumbar". Así calificó ayer el alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani, por las dos denuncias en su contra por el supuesto delito de conducta antieconómica.
La primera investigación es por la compra en agosto del 2008 de un microbús escolar de medio uso, con un costo de Bs 77 mil que salió del IDH. La compra, justifica Bani, fue para trasladar a estudiantes y deportistas de las comunidades cercanas, ya que éstos utilizaban una de las volquetas que hacía el recojo de la basura.
"No era posible que sigamos transportando a los estudiantes en las volquetas y en esa oportunidad se nos presenta una institución de San Juan que estaba liquidando un microbús en funcionamiento por renovación de sus unidades", dijo Bani señalando que conocía sobre la advertencia en la Ley Safco de no comprar vehículos en medio uso, recibió la aprobación del Concejo Municipal de ese entonces y del Comité de Vigilancia. Añadió que buscan utilizar el mismo argumento con el cual destituyeron al alcalde de Potosí, René Joaquino.
Cambio de jurisdicción. El Alcalde, que fue reelegido este año, sostuvo que pidió a la Fiscalía de Yapacaní remitir el caso a la capital, debido a que no existen garantías en este municipio. El abogado que presentó la denuncia es Juan Pablo Candia, un concejal suplente de la agrupación ASIP. Sin embargo, Bani sospecha que detrás de las investigaciones están parlamentarios y asambleístas departamentales del MAS que intentan perjudicarlo.
Terrenos. La otra investigación es por los terrenos de una urbanización. Bani sostuvo que el denunciante, que acudió al Ministerio Anticorrupción, es un avasallador que se lo conoce como "Wilfredo" y que lo acusa porque no aprobó una urbanización en los límites con Santa Fe.
Ministerio Público. El fiscal de la Unidad Anticorrupción en Santa Cruz, Álvaro La Torre, informó que aún no les ha llegado ninguna denuncia o remisión de investigación contra el alcalde de San Juan de Yapacaní.
Desde la fiscalía en Yapacaní señalaron que estaban en etapa de recolección de información sobre el caso y además evaluando el pedido de traslado del proceso. El fiscal que lleva el caso es Osman Luis Suárez.
El octavo alcalde en ser investigado
Se procesaron autoridades en quillacollo, punata, sucre, bermejo, potosí, warnes, buena vista y san juan de yapacaní.
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