La semana pasada había anticipado que los alcaldes y las autoridades que piensan diferente al Gobierno son los más vulnerables ante cualquier acción que pueda presentar un ciudadano común ya que a partir de la aplicación de una denuncia puedan ser suspendidos de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías. Óscar Montes, el reelecto alcalde de Tarija por la agrupación ciudadana UNIR, el fin de semana fue denunciado por cuatro concejales del MAS ante la Fiscalía de Distrito por supuestas irregularidades en la transferencia de bienes inmuebles de propiedad municipal a personas particulares. Habló con “El Día” sobre su proceso y otras cosas más.
¿Cuál es el proceso que le iniciaron los concejales del MAS?
O.M.: Construimos una avenida circunvalación y al final necesitábamos construir dos puentes. Se hizo un nuevo delineamiento y trazo urbano para habilitar el acceso hacia esos dos puentes, pero afectaba a dos terrenos privados. Mediante una Ordenanza se declaró los predios de utilidad pública, se autorizó para que la Alcaldía expropie los terrenos, sin embargo, el proceso es largo y si no hay un acuerdo entre las partes se tiene que ir ante un juez. Amparados en la necesidad de utilidad pública, llegamos a un acuerdo con los dueños y lo que hicimos fue una reubicación de los mismos sin que medie compensación y expropiación. El precio del lote que se les entregó a los dueños es menor al que tenían. Económicamente ha sido una operación favorable para el municipio de Tarija.
P. ¿Cómo ve la actitud de los concejales del MAS?
O.M.: Como un tema político, presentaron la denuncia ante la Fiscalía y nosotros tenemos el argumento como para demostrar que no ha habido venta de un área verde como lo denunciaron, no hubo ninguna venta ni compra, lo que hubo fue una reubicación del terreno. Estamos tranquilos y vamos a afrontar ese proceso.
P. ¿Pero usted corre el riesgo de ser suspendido de su cargo?
O.M.: No hay motivo alguno para ser suspendido de mis funciones porque acá no hay daño económico, no hay nada contra la ley, no hay ningún ilícito, y esperamos que la Fiscalía actúe con absoluta imparcialidad y de acuerdo a ley, si eso ocurre así no hay porque temer ninguna imputación.
Tenemos otros procesos que nos han introducido a la Fiscalía, pero en ninguno hay un daño económico y contravención a la ley, lo que sí hay es interpretaciones diferentes desde la norma, pero en ningún caso se trata de corrupción o obras mal ejecutadas en el municipio, sobreprecios y otros.
P. ¿Esta situación lo tiene tranquilo o temeroso?
O.M.: Está claro que hay la susceptibilidad de todas las autoridades en la aplicación del nuevo Código Penal. Cualquier ciudadano puede meter un proceso a cualquier autoridad, no sólo por el tema administrativo, civil, penal sino por el tema de discriminación. Estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad todas las autoridades públicas.
P. ¿Seguirá pidiendo que se modifique la Ley Marco de Autonomía?
O.M.: Sigo siendo partidario que se tiene que modificar la Ley Marco de Autonomía, se tienen que restablecer los procedimientos administrativos y civiles, que no sea la vía penal la única por la cual se ventilan los asuntos de la administración pública, porque por el momento todo está por la vía penal y hay temas que son netamente públicos.
P. ¿Cree que el Gobierno está detrás de todo esto?
O.M.: Está claro que los que tienen el poder siempre buscan la intencionalidad y hacen las cosas como para quedarse la mayor cantidad de tiempo posible y para copar más poder, eso no es de extrañarse, quien ha llegado al Palacio de Gobierno es esa su intencionalidad.
Pienso que el Gobierno podría tener otro tipo de prioridades ya que en el tema político debería pasar al segundo plano y dedicarnos a un tema importante como es la seguridad alimentaria, la escasez de alimento, controlar los números de la economía del país que se escapan del control, eso debería ser la principal preocupación del Gobierno.
P. ¿Qué les dice a todas las autoridades que han sido suspendidas de sus cargos?
O.M.: Que sigan trabajando, que todos estamos en la absoluta situación de vulnerabilidad y así no sólo están las autoridades de la oposición, sino las autoridades del propio partido de Gobierno. Es el modelo que está hecho de tal manera de que la penalización del ejercicio público puede dar lugar a que se desestabilice ese cambio en autoridades. Es un tema que debe llamarnos seriamente a la reflexión ya que de momento los municipios están trabajando, pero se pueden paralizar como ya está ocurriendo.
P. ¿Qué es lo que propone al Gobierno en este momento?
O.M.: Sería prudente ahora hacer un gran acuerdo nacional para poder reactivar el aparato productivo, ya que el pueblo lo que quiere es seguridad y tranquilidad, pero por sobre todo vivir dignamente con su familia. Lo de Llallagua no es una cosa aislada, es parte de un proceso y actos que se están dando como las colas, no podemos seguir con medidas a corto plazo, es un tema mucho más de fondo.
.Está claro que hay susceptibilidad en todas las autoridades porque cualquier ciudadano puede meter un proceso a cualquier autoridad pública, no sólo por el tema administrativo, civil, penal sino por el tema de discriminación".
3 Gestiones
Es el tiempo que lleva como alcalde Óscar Montes en Tarija.
Activar el aparato productivo en el país
El alcalde de Tarija propone activar al aparato productivo nacional a través de una política de incentivo a todos los productores del país.
Perfil
Óscar Montes Barzón nació en Villamontes el 4 de abril de 1960. Es economista.
Sus cargos:
Fue dirigente cívico durante mucho tiempo en Tarija. Trabajó como consultor en Planificación Estratégica en varias empresas de Bolivia y en varios países vecinos. Esta es su tercera gestión como alcalde de Tarija, en las últimas elecciones municipales ganó con más del 50 por ciento de los votos. Es el actual presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB).
Se tiene que modificar la Ley Marco de Autonomías, se tienen que restablecer los procedimientos administrativos y que no sea la vía penal la que nos juzgue a nosotros”.
Las autoridades suspendidas
LEY MARCO DE AUTONOMÍA
Tras nueve meses de la elección de alcaldes y gobernadores, ocho alcaldes y un gobernador fueron alejados de sus cargos por efecto de la aplicación de la Ley de Autonomía, que establece la suspensión de estas autoridades en caso de que tengan una acusación fiscal. Los gobernadores Ernesto Suárez y Rubén Costas también corren el riesgo de ser cesados.
Siete alcaldes de la oposición y uno del MAS fueron suspendidos de sus cargos, hasta tanto la justicia defina su inocencia o culpabilidad. El alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, fue la primera autoridad edil en ser alejada de su cargo a un mes de su posesión. Cartagena enfrenta una acusación por la malversación de 105.000 dólares en una gestión pasada.
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, es la primera autoridad de la era autonómica departamental en ser suspendida. La Asamblea Departamental, controlada por el MAS, dio curso a la petición fiscal de suspensión por el caso de la compra irregular de asfalto por 1,3 millones bolivianos.
LO QUE DICE LA NORMA
El artículo 144 de la Ley de Autonomía prevé que “podrán ser suspendidas de manera temporal del ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal”. Cossío también enfrenta otros procesos, que representan 39 millones de dólares.
Los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez, también se encuentran amenazados por la norma, ya que existen acusaciones en su contra, aunque aún no hay una acusación formal fiscal en su contra.
Los suspendidos
Entre los alcaldes que fueron alejados del cargo están el de Sucre, Jaime Barrón; Punata, Víctor Balderrama; Bermejo, Delfor Burgos; Potosí, René Joaquino; Mairana, Róger Terceros; Warnes, Nyls Carmona; y de la Alcaldía de Buena Vista, Bladimir Chávez (F).
Según el Gobierno, al menos 500 funcionarios públicos están enjuiciados por distintos delitos. Además de 39 autoridades públicas, entre ellas, el ex prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, que es del MAS, pero que igual le están siguiendo un proceso.
Evo niega presión al Poder Judicial
El Gobierno no pretende ejercer un control político sobre el Poder Judicial y lo que busca es que la administración de justicia deje de ser una debilidad del Estado, señaló ayer el presidente Evo Morales.
"No hay ningún control político del Gobierno sobre el Poder Judicial y mi único pedido es que las autoridades del Órgano Judicial trabajen en base a las normas", anotó.
Al salir al frente a las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición, el Mandatario reiteró que no tiene interés en controlar el Poder Judicial, al aclarar que se vio obligado a designar algunos magistrados por Decreto en el proceso de transición.
Dijo que como político ha participado en diversas elecciones en las que tuvo que pasar por aprietos a consecuencia de la mala administración de la Ley, al punto que se vio impedido a ganar hasta el árbitro, que era ejercido por la Corte Nacional Electoral.
Una posición desde el inicio. El Jefe de Estado reiteró que el Ejecutivo ha tomado una posición desde que inició su mandato y es el de pedir a los magistrados que hagan justicia sin favorecer a nadie.
De acuerdo con la CPE, Bolivia elegirá a los magistrados del Poder Judicial con el voto directo del pueblo y ya no más será consecuencia de una repartición a cargo de los partidos con representación parlamentaria.
Se viene la elección de los magistrados
Las elecciones de magistrados están previstas para este año, en base al cronograma que definirá el Órgano Electoral Supranacional en breve.
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