02 febrero 2011

El alcalde de Tarija puede ser el noveno en perder su cargo

Los concejales del MAS en Tarija presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito contra el alcalde de esa ciudad, Óscar Montes Barzón, y otros ex funcionarios por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la supuesta transacción de bienes inmuebles públicos.

El Ministerio Público designó a la fiscal Emigdia Alvarado para que investigue la queja. La autoridad tiene 90 días para rechazar o imputar a la autoridad edil.

En caso de que la imputación derive en acusación formal, Montes puede ser el noveno alcalde en ser suspendido, con la Ley Corta de Autonomías, después de Héctor Cartagena, de Quillacollo; Jaime Barrón, de Sucre; Víctor Balderrama, de Punata; Delfor Burgos, de Bermejo; René Joaquino, de Potosí; Róger Terceros, de Mairana; Nyls Carmona, de Warnes; y Bladimir Chávez de Buena Vista.

La autoridad edil, quien se mantuvo hasta ahora con mayor cercanía al MAS, declaró que la denuncia tiene un “trasfondo político”. “Nosotros tenemos el argumento para demostrar que no hubo venta de un área verde como lo denunciaron, no hubo ninguna venta ni compra, lo que hubo fue una reubicación del terreno”. Afirmó también que no teme ser suspendido.

La denuncia de los concejales del MAS se refiere a la construcción de dos puentes al final de la avenida Circunvalación de Tarija. Para la construcción del segundo puente, el gobierno municipal ocupó dos lotes de una urbanización, afectando a dos propietarios privados, según indicó el alcalde Montes.

La Alcaldía declaró esos terrenos como de utilidad pública por lo que no aceptó pagar el precio real de esas propiedades bajo el argumento de que la comuna tiene una política económica ahorrativa, razón por la cual habría transferido terrenos del barrio Senac a los afectados.

Éste es el fundamento legal de los concejales opositores para la denuncia contra Montes.

Según el concejal Sergio Gallardo, del MAS, “se ha evidenciado que algunas áreas verdes fueron transferidas (a particulares), a título gratuito”.

El alcalde dijo que no teme ser suspendido aunque argumentó que en este caso no hubo daño económico y anunció que demostrará su inocencia.

No obstante, también se declaró partidario de modificar la Ley Corta de Autonomías que establece que las autoridades electas por voto popular pueden ser suspendidas de manera “temporal” de sus funciones con una acusación de un fiscal.

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