Con la elección directa de los alcaldes el 4 de abril no se garantizó la gobernabilidad en las alcaldías, porque apenas tres meses después de las elecciones, tres alcaldes han sido sustituidos y al menos seis enfrentan procesos judiciales que los expone al riesgo de salir, una situación que deja su impacto negativo en gestiones municipales que apenas comienzan. También se han visto afectadas concejales, como Ninozka Lazarte, en Cochabamba, y Desirée Bravo, en Santa Cruz. Ésta última llegó a ser detenida, acusada de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho activo.

Bravo calificó su detención como una acción política contra aquellos que no son del Movimiento Al Socialismo.

Los ediles afectados afirman que es una clara muestra de que los intereses políticos se anteponen a las necesidades de la población.

En Quillacollo, Punata y Sucre tuvieron que nombrar alcaldes interinos, mientras que en Buenavista, Camiri, Warnes, Potosí y Porvenir enfrentan procesos. A esto se suma la amenaza por la que atraviesan otras autoridades electas, como el caso de Tarija, donde por lo menos tres alcaldes están amenazados.

Una de las mayores preocupaciones de los municipios es el polémico artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías, según el cual se mantiene la suspensión temporal de un gobernador o de un alcalde con la sola acusación fiscal. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia teme que esto pueda ser una de las mayores fuentes de ingobernabilidad política local.

Los ediles aseguran que la administración municipal en las jurisdicciones en conflicto funciona a medias, porque no pueden dedicarse al trabajo a tiempo completo y más bien deben responder memoriales, asistir a audiencias cautelares y seguir el proceso conforme a ley, siendo que su labor debiera estar centrada en captar recursos y hacer obras.

Quillacollo fue una de las primeras alcaldías afectadas. El alcalde electo por Unidad Nueva Esperanza (UNE), Héctor Cartagena Chacón, apenas fue posesionado tuvo que salir del cargo. Ya estuvo internado en una clínica a consecuencia de la tensión que provoca todo el proceso judicial que se ha iniciado en la acusación que enfrenta por incumplimiento de deberes y desfalco de $us 105.000, supuestamente perpetrado por funcionarios que fungieron en su gestión de la década de los 90.

Eduardo Mérida, abogado de Héctor Cartagena, indicó que ahora su defendido se ha apartado de la esfera política y se defiende de los procesos, pese a que considera que son casos impulsados por el interés político. “No tienen fundamento, son inventados”, dijo.

Cinthya Fernández, concejala de UNE, el partido que postuló a Cartagena, aseguró que el órgano deliberante está polarizado, porque los cinco concejales del MAS buscaron aliarse al único representante de Frente para la Victoria, para encarar una oposición fuerte a UNE. Adelantó que el interinato de la alcaldesa Carla Lorena Pinto (MAS) se vence el 30 de agosto, después ella tendrá que responder también a procesos que le seguirán por haber aprobado modificaciones al plan maestro, cuyo presupuesto es de ocho millones de euros, monto para el cual la norma establece que se haga en el Concejo.

La Alcaldía de Punata también se ha visto perjudicada, porque el alcalde electo Víctor Balderrama tuvo que renunciar para enfrentar su defensa en los estrados judiciales, acusado de violación sexual, incumplimiento de deberes y daño económico.

A estos dos alcaldes se sumó la renuncia de Jaime Barrón el pasado lunes, que dejó el cargo por un hecho relacionado con La Calancha, que derivó en la humillación de campesinos el 24 de mayo de 2008, perpetrada por universitarios en venganza de los caídos. El incidente se dio cuando él era rector. Barrón tuvo que renunciar 32 días después de su suspensión y 107 días después de que fuera elegido alcalde con 57.854 votos, apoyo que no fue suficiente para mantener el sillón municipal.

Hay otros alcaldes que permanecen en sus cargos, pero enfrentan procesos ante la justicia. El alcalde de Buenavista, Bladimir Chávez, incluso quedó detenido por orden fiscal acusado de acarreo de gente y uso indebido de bienes públicos, pero recobró su libertad con medidas sustitutivas. El proceso se lo sigue el ex candidato por el MAS, Mario Áñez.

Bladimir Chávez señaló que estos hechos sólo entorpecen la gestión. “Todo es político, tienen la visión de tomar por la fuerza las alcaldías”, sostuvo.

El alcalde de Camiri, Luis Gonzalo Moreno, también tiene un proceso, acusado de haber omitido ilegalmente las gestiones del trámite correspondiente para obtener la consolidación de unos terrenos cedidos por YPFB.

El presidente Evo Morales, a tiempo de promulgar la Ley de Autonomías y Descentralización, se refirió al artículo que señala la suspensión temporal o definitiva de autoridades subnacionales electas, formalizadas o sancionadas por delito de orden penal. Ante sus seguidores dijo que los que rechazan esta norma dan a pensar que están cometiendo o han incurrido en alguna acción irregular.

Los líos alteran la rutina en las comunas

Los procesos judiciales no sólo quitan el sueño a los alcaldes, sino que perjudican en el trabajo que deben desempeñar. El alcalde de Buenavista, Bladimir Chávez, dijo que responder a todos los requerimientos judiciales demanda tiempo, por lo tanto, tienen que dedicar muchas horas a bucar la forma adecuada de defensa.

Al alcalde de Potosí, René Joaquino, se mantiene en el cargo, pero desde hace algunos días las audiencias por la compra de vehículos, supuestamente indocumentados, lo absorben. “Esto es día y noche”, subrayó.

Las protestas en Quillacollo, en Punata y en Sucre no se han dejado esperar, pues reclaman acciones. En Buenavista, este domingo realizarán un cabildo con la sociedad civil para tomar medidas al respecto y pedir que se deje trabajar al alcalde.

En Warnes, un municipio en el que el alcalde tiene tres concejales de su línea política, y otros cuatro de dos partidos, se temía que el alcalde Nyls Carmona enfrente denuncias. Él, sin embargo, asegura que no le ha llegado ninguna notificación, por lo tanto, está abocado al trabajo.

El alcalde de Camiri, Gonzalo Moreno, dijo que si bien ha escuchado sobre una imputación en su contra por terrenos supuestamente cedidos de forma irregular, no ha recibido ninguna notificación y afirma que todo de lo que se ha enterado ha sido por los medios de comunicación. De todas maneras, los abogados del municipio están tomando sus recaudos . Para Moreno, si llegara una acusación de ese tipo, cree que sería sólo por un afán político, porque dice que esos terrenos que cedió YPFB se vendieron en tres periodos y el dinero se invirtió en la construcción de la terminal camireña. “Daño económico, no existe. Me harían procesos por hacer el bien”, subrayó.

El asesor jurídico de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Yanko Terceros, apuntó que la mayoría de los alcaldes está de coordinación interna, buscando la forma de llevar adelante el trabajo. Muchos han estado moviendo la habilitación de sus firmas y revisando su presupuesto.

La ley se antepone a la CPE

Diego Ávila / Municipalista

El problema de gobernabilidad se acrecienta, porque hay una ley (Ley Marco de Autonomía), que no responde con la Constitución Política del Estado, que dice que una autoridad debe ser suspendida cuando el proceso que enfrenta haya concluido con la respectiva sentencia ejecutoriada. En este caso, esta ley quiere adelantar el proceso y genera renuncias con bastante facilidad, ante denuncias de la fiscalía. Ésta es una forma fácil de sustituir a las autoridades electas el 4 de abril, pero eso contradice totalmente a la Carta Magna.

La ley de Municipalidades justamente planteaba los puntos para la suspensión de las autoridades, pero obviamente la Constitución Política del Estado está por encima de cualquier norma. Creo que este aspecto de las denuncias es un problema serio que va a afectar en la gobernabilidad de los municipios.

Los hechos que se están observando en municipios como Sucre, Quillacollo, Punata, Buenavista y Camiri están mostrando problemas que se van a presentar si es que no se hace algo al respecto. En el caso de Tarija, lo que se conoce hasta ahora es que hay procesos que se están agilizando en tres municipios, entre los que está Entre Ríos.

Cuando hay inestabilidad en los gobiernos municipales afecta directamente a la gestión que deben encarar sus autoridades.

Alcaldes lejos del cargo

- Quillacollo. Se cambió al alcalde electo de Unidad Nueva Esperanza (UNE), Héctor Cartagena Chacón, y se puso en el cargo a Carla Lorena Pinto Bustamente, del MAS. El ex alcalde enfrenta un proceso por incumplimiento de deberes y desfalco de $us 105 mil perpetrado por funcionarios suyos cuando fungía como alcalde en los años ‘90. Además. La ex autoridad se defiende fuera del escenario político.

- Punata. El alcalde Víctor Balderrama renunció porque tenía dos pliegos acusatorios, uno por violación sexual y el otro por incumplimiento de deberes y daño económico.

- Sucre. Jaime Barrón presentó renuncia irrevocable a la Alcaldía. Ejerce como alcaldesa interina, Verónica Berríos, del MAS. Barrón fue suspendido de su cargo el pasado 17 de junio tras pesar en su contra procesos judiciales sobre acusaciones de racismo y discriminación, debido a que supuestamente el 24 de mayo de 2008 participó de los actos de humillación y agravio contra más de una veintena de campesinos de Chuquisaca en plena plaza principal de Sucre. Otro de los cargos en contra de Barrón es que, al ser presidente del Comité Interinstitucional, promovió que grupos de choque impidan el ingreso del presidente Evo Morales a Sucre en mayo de 2008.

- CPE (art. 286). I. La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo corresponderá a un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico o Carta Orgánica según corresponda. II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato.

En Procesos

- Buenavista. El alcalde Bladimir Chávez está acusado de acarreo de gente y uso indebido de bienes públicos. El juez de Buenavista, Simón Alarcón, determinó una fianza de Bs 20 mil, además del arresto domiciliario, aunque puede cumplir sus funciones públicas de 7:00 a 19:00 en días laborales. La ex autoridad estuvo detenida, pero ahora se defiende con medidas sustitutivas. El proceso se lo inició el ex candidato por el MAS, Mario Añez. Hoy está previsto que se realice en Buenavista un cabildo en apoyo al respeto del voto popular y para que el pueblo se pacifique.

- Camiri. El alcalde Luis Gonzalo Moreno García, y otros cinco funcionarios de ese gobierno municipal están acusados de haber omitido ilegalmente las gestiones del trámite correspondiente para obtener la consolidación de unos terrenos cedidos de forma gratuita por YPFB al municipio de Camiri. Además, los acusan de proceder al cambio de uso de suelo sin cumplir las formalidades exigidas por ley logrando una titulación irregular y de haber omitido las gestiones para el trámite correspondiente ante el Congreso Nacional y mediante una ley de la República poder disponer legalmente mediante remate público de los terrenos de la Alcaldía de Camiri.

- Pando. El alcalde Regis Richter, de la agrupación Consenso Popular (CP), fue acusado de falsedad ideológica por la ex candidata a alcaldesa por el MAS, Magda Kerdy, que asegura que la autoridad edil habría inscrito su candidatura cuando ni siquiera vivía en dicha localidad. Apostó por una salida pacífica con el partido oficialista y sigue en funciones, pero estuvo detenido.

- Cochabamba. La concejal Ninoska Lazarte corre riesgo de ser suspendida debido a que no probó las denuncias de supuestas irregularidades realizadas en torno al proceso de ‘carnetización’.

- Potosí. El alcalde René Joaquino y seis ex concejales están procesados una supuesta compra irregular de autos usados.

- Misque. Una denuncia contra el alcalde Johnny Pardo por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado. Está en etapa de inicio.

El juez de sentencia número Uno de la Capital Potosina, Mario Villca, absolvió ayer de pena y culpa a René Joaquino Cabrera, Manuel Mezza Pinto y Judith Oporto Mamani en el juicio instalado contra esas autoridades a instancia de Cecilio Marcos Vaquera por la supuesta comisión de los delitos de despojo, estelionato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución Política del Estado. El juicio oral, público y contradictorio comenzó hace siete meses porque la familia Vaquera arguyó que estaba siendo afectada por la reducción de sus predios durante el proceso de urbanización en la zona Difunda Correa.

Lo que no dijeron es que, siguiendo normas vigentes, ellos mismos aceptaron ceder un porcentaje de sus terrenos para equipamiento municipal cuando hicieron aprobar sus planos de urbanización

Las autoridades ediles definieron el recorte de los predios con la finalidad de consolidar una verdadera urbanización con calles, plazuelas y todo el equipamiento entre el que está un coliseo cerrado que al momento se halla en un 60 por ciento en su fase de construcción.

La familia Vaquera presentó denuncia por considerar que la reducción de su terreno era un acto ilegal pero no pudieron sustentarlo en juicio pues las afectaciones se habrían consolidado en el marco de lo dispuesto por las normas en actual vigencia, según anunció ayer el abogado de la comuna, Gustavo Taboada.

El juez Villca no halló material justiciable en las denuncias planteadas y sobreseyó; es decir, absolvió a los acusados.

El alcalde René Joaquino Cabrera exteriorizó su satisfacción por el resultado del mencionado proceso e indicó que lamentablemente la familia Vaquera presentó como cinco denuncias en su contra pero, pese a ello, él seguirá actuando de acuerdo a lo que establecen las normas sobre uso de suelos y la consolidación de urbanizaciones.

En tres de los 12 distritos urbanos los vecinos cerraron con candado los edificios de las subalcaldías, porque están disconformes con la decisión del alcalde, Percy Fernández, de designar a los subalcaldes sin previo consenso, aduciendo que los nuevos colaboradores no viven en la zona o porque quieren la continuidad de la anterior autoridad.

Las medidas de presión surgieron en el distrito 1, donde fue designada Viviana Vaca Díez Kempff en reemplazo de Katherine Muyuro; en el D 10, donde no quieren que asuma Osman Vaca, que viene de ser removido del D 2 para ocupar el cargo de Nicolás Gildre; y en el D 8, que estaba a cargo de Fanny Núñez y ahora la cambiaron por el ex asambleísta Arfe Roberto Árabe.

En el D 1 la controversia surgió a las 11:00 cuando dirigentes vecinales de los barrios Ambrosio Villarroel, 12 de Octubre, Villa Norte y San Carlos cerraron las puertas de la subalcaldía, situada al lado del centro de convenciones Sonilum, en el tercer anillo interno y avenida Busch.

“Tomamos esta decisión apoyando la continuidad de Muyuro, pues tenemos conocimiento de que su reemplazante es sobrina del oficial mayor de Obras Públicas, Luis Fernando Vaca Díez, por lo que hay nepotismo”, manifestó Margot Siles, dirigente del barrio Ambrosio Villarroel.

Sin embargo, Juan Datzer, presidente de la Unión de Juntas Vecinales (UJV) del D 1, indicó que la anterior subalcaldesa no les colaboró y ahora peregrinan de una oficina a otra buscando que les pavimenten sus calles, por lo que les da lo mismo el cambio.

En el distrito 8 (Plan Tres Mil), la emergencia vecinal continúa porque no quieren que asuma Árabe.

“Si la decisión de despedir a Fanny Núñez es del alcalde, nosotros hemos nombrado a Roberto Lucas como su sucesor porque conoce nuestra realidad. En cambio, Árabe no vive acá y cuando fue asambleísta nunca nos dio un informe de lo que hizo”, expresó Jeanette Rivero.

“Lucas fue concejal suplente de Loreto Moreno, la candidata a concejal número ocho por el frente Santa Cruz para Todos, y si a Moreno la posesionaron como subalcaldesa del Palmar del Oratorio, a nuestro compañero le corresponde ser del Plan Tres Mil. Que Árabe se vaya al D 10 donde fue candidato a concejal”, acotó David Alanoca.

Por su parte, en el distrito 10 las cosas siguen calientes, pues ayer nuevamente hubo roces entre los dirigentes y los gendarmes que llegaron a desbloquear el edificio.

“No dejaremos que sea posesionado Osman Vaca por ser ajeno al distrito. Pedimos que las autoridades municipales bajen hasta la zona para hablar”, indicó Isabel Soto, dirigente de la UJV del D 10.

El D 9, que el martes estuvo tensionado ante el rumor de que el subalcalde Bernabé Ávalos sería removido por Katherine Muyuro, está en calma.

“Aun así estamos en emergencia y tenemos un voto resolutivo en el que pedimos la apertura del mercado distrital del barrio Las Américas y que se reparen los daños en las obras recién entregadas”, refirió Lizbeth Céspedes, de la UJV.

Los vecinos del D 4, como Wigberto Zurita, donde fue cambiado Willy Quispe por Rubén Paz, expresaron que no harán problema alguno hasta ver cómo trabaja el nuevo funcionario.

Similar periodo de prueba darán los vecinos en el D 11, donde ingresó María Gabriela Becerra en lugar de Jorge Nenos. “Le daremos un tiempo hasta ver cómo coordina con los vecinos”, anotó la vecina Judith Paredes.

Frente a todos estos problemas el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Saúl Ávalos, criticó el excesivo centralismo del burgomaestre Percy Fernández de seguir designando a dedo a las autoridades de los distritos. “Vivimos un proceso de autonomía, por lo que pedimos que los subalcaldes sean elegidos por voto popular. Si siguen los problemas, el alcalde será el directo responsable”, dijo Ávalos.

Óscar Vargas expresó que luego de la ley marco de autonomías recién se podrá elegir a los subalcaldes por voto directo. “Desde 2005 se usa el mecanismo de participación vecinal y ya se consolidaron nueve subalcaldías con infraestructura y personal. Luego se asignará un presupuesto”, aseguró Vargas.

Para conocer

- Calma. Luego de conocida la lista de los nuevos subalcaldes sólo hubo tranquilidad en los distritos, donde hubo ratificación como en el 5 (con Yamilka Sadud), 6 (Ma. Eugenia Barba), 7 (Raúl Saavedra), 9 (Bernabé Ávalos) y 12 (Víctor Escóbar).

- Caliente. Con la salida de Katherine Muyuro surgió el descontento en el D 1 porque ingresará Viviana Vaca Díez. Lo mismo sucede en el D 8, donde fue designado Arfe Árabe en el puesto de Fanny Núñez y los vecinos quieren a Roberto Lucas. Por último, en el D 10 no dejan que se posesione a Osman Vaca en lugar de Nicolás Gildre y por ello hubo choques entre los vecinos y los gendarmes.

- Reserva. En el D 4 (con Rubén Paz) y en el 11 (con Gabriela Becerra) los vecinos dejarán actuar a las nuevas autoridades para luego pronunciarse.

- Tranquilos. Donde todo es paz es en los distritos 2 (Alicia Parada) y 3 (Rosario Justiniano) porque las subalcaldesas fueron dirigentes vecinales.

- Ordenanza. La 018/2005 permitió la creación de las subalcaldías en los 15 distritos.

- Ley. La 2028 permite al alcalde designar a los subalcaldes.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, redujo el presupuesto de la Gobernación de Tarija en 200 millones de bolivianos para la gestión 2010; anteriormente totalizaba 2.560 millones de bolivianos, ahora suma sólo 2.360 millones.

La precisión corresponde al secretario de Planificación, Diego Ávila, quien informó que anoche llegó este techo presupuestario y que la Gobernación tarijeña debe adecuar su POA al nuevo monto, labor en la que está enfrascada.

Ávila aseveró además que este jueves volverán a la Asamblea Departamental a explicar el POA en maratónica sesión para lograr su aprobación hasta mañana, cuando fenece el plazo para su envío al Ministerio de Economía.

Por otra parte, el Banco de Crédito de Bolivia SA (BCP) habilitó este miércoles la cuenta bancaria de la Gobernación de Tarija que no podía movilizar su dinero como consecuencia de algunas cuestiones de trámite administrativo que se prolongaron.

“Sí, en realidad, las cuentas no las habilitábamos porque había todavía documentación que completar al banco y éste, como siempre, con la transparencia que actúa, andaba pidiendo los documentos para habilitar”, confirmó su Gerente de la Región Oriente, Jhonny Saavedra.

El ejecutivo admitió que actuaron así a pesar de entender la necesidad de la Gobernación y como no se llegaba a un acuerdo, tuvo que trasladarse desde Santa Cruz para sostener una reunión con el gobernador Mario Cossío, en la que se completó la documentación, se dio curso y se habilitaron las cuentas de la institución.

Apuntes

El recorte asciende a 200 millones de bolivianos, lo que obliga a ese gobierno regional a ajustar su Plan Operativo Anual.

Este viernes vence el plazo para que los gobiernos subnacionales remitan su POA reformulado a la cartera de Economía.

Cossío tiene previsto para hoy una sesión maratónica en la Asamblea Departamental para validar los cambios.

Potosí/El Potosí.- El alcalde potosino, René Joaquino, consolidó la habilitación de su firma el pasado martes y desde ayer atiende las responsabilidades del gobierno local, especialmente en lo que concierne al pago de planillas, para evitar la paralización de las obras.

La autoridad edil dijo que lamentablemente tarda mucho la habilitación de las firmas de las autoridades, obstáculo burocrático que sufrieron y siguen sufriendo los alcaldes y gobernadores del país.

Los recursos de la comuna están garantizados y con la habilitación de la firma de la principal autoridad edil se regularizan los desembolsos. Uno de los primeros fue a la empresa estatal de comunicaciones (Entel) que había cortado el servicio a la institución.

El burgomaestre resaltó que es menester acceder a los recursos económicos para garantizar una normal ejecución de los planes y programas que maneja la institución, además de cumplir las responsabilidades inherentes al gobierno municipal.

Reunión: El Alcalde expuso su plan quinquenal ante embajadores y representantes de instituciones de financiamiento.

El alcalde Luis Revilla presentó a la cooperación internacional los 28 grandes proyectos que planea realizar en La Paz durante los cinco años de su gestión. Se trata de acciones y obras que demandarán unos 1.000 millones de dólares.

Explicó que con estas obras, enmarcadas dentro de las “Diez Tareas para La Paz”, se buscará mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

La presentación se realizó ante representantes de instituciones como la Corporación Andina de Fomento (CAF); la embajadora de Colombia, Fulvia Benavides, y los concejales del municipio paceño.

Entre las tareas propuestas por Revilla está el nuevo sistema de transporte masivo Bus La Paz, la creación de una terminal de buses para las flotas y minibuses que viajan a las poblaciones yungueñas y la construcción del Centro Cultural San Pedro, en el lugar donde hoy funciona la cárcel del mismo nombre.

Las “Diez Tareas para La Paz” es el marco dentro del que se desarrollarán las “grandes obras”, aunque también propone la realización de actividades menores o específicas. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con la transformación de otros 100 barrios pobres, el ordenamiento del transporte, atención de emergencias y otros.

Revilla pretende hacer conocer estos proyectos al presidente Evo Morales, así como la agenda de festejos por el aniversario de La Paz, por lo que le envió una carta fechada el 28 de junio, en la que dice: “Deseo transmitir, Señor Presidente, mi voluntad y deseo personal de establecer una relación respetuosa e institucional de estrecha coordinación con el Gobierno nacional, que permita la ejecución de programas y proyectos conjuntos para beneficio del pueblo de La Paz”.

Más datos

El proyecto “Diez Tareas para La Paz” será presentado al presidente Evo Morales para lograr parte del financiamiento.

El Alcalde envió una carta al Mandatario, para que lo reciba y le presente el plan, junto con el cronograma de festejos de julio.

Los 28 grandes proyectos propuestos por la Alcaldía de La Paz

1.- Bus La Paz, el nuevo transporte masivo.

2.- Modernización de la Terminal de Buses departamental.

3.- Nuevo complejo hospitalario Miraflores.

4.- Puente gemelo Las Américas.

5.- Techado del Teatro al Aire Libre Jaime Laredo.

6.- Terminal de buses y minibuses a los Yungas-Minasa.

7.- Parque Ecológico de Pura Pura-Fase 2.

8.- Hospital de segundo nivel San Antonio.

9.- Hospital de segundo nivel Cotahuma.

10.- Nuevo Hospital del Niño Mallasa.

11.- Albergue transitorio en Mallasa para niños (as) víctimas de violencia.

12.- Programa de drenaje pluvial.

13.- Ampliación de la avenida Costanera, desde la calle 37 hasta el puente Apaña, en la zona Sur.

14.- Canalización del río Huayñajahuira, desde la calle 37 hasta el puente Apaña.

15.- Embovedado del río San Pedro, desde la plaza Líbano hasta la calle 20 de Octubre.

16.- Puente Ferrobeni, para unir los distritos Max Paredes y Periférica.

17.- Nuevo Complejo del Mercado Rodríguez-Amapola-Belén.

18.- Construcción del nuevo mercado Uruguay.

19.- Gran Complejo Cultural Las Cholas.

20.- Transporte escolar municipal.

21.- Distribuidor de tránsito Bajo Següencoma-Gramadal.

22.- Avenida René Zabaleta (prolongación hacia Villa Fátima).

23.- Complejo Turístico Zongo-Hampaturi.

24.- Mejoramiento de la avenida Segundo Bascones.

25.- Conexión Killman-Gutiérrez-Tacagua.

26.- Cinturón Vial Periférico Sur (Amor de Dios-Gramadal-Alto Següencoma-calle 17 de Obrajes-Bella Vista-Bolognia-Alto Obrajes).

27.- Cuarto carril avenida Libertadores (gruta de Lourdes-calle 0 de Obrajes).

28.- Gran Centro Cultural San Pedro (en el área ocupada actualmente por el penal).

Autoridades ediles según diagnóstico realizado a un mes de haber asumido sus cargos, detectaron corrupción, procesos burocráticos, mala atención al ciudadano, falta de personal técnico especializado, ausencia de sistemas de control, falta de sistematización, cobros directos por funcionarios del municipio y no a través de la red bancaria, falta de planificación urbana, fallas en los proyectos, insuficiencia de inversión pública y una institución sin memoria por la ausencia de documentos debido a que no se encontró en muchos casos ni un papel en las oficinas.

La presentación del informe, se realizó ayer en el Salón Rojo de la Alcaldía y estuvo en primera instancia a cargo de la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel quién en resumen manifestó que la situación del municipio es lamentable tanto en el tema económico y administrativo, incluso en la atención de las necesidades de la población que fueron ignoradas durante la pasada gestión.

Asimismo dijo que existe insatisfacción en la provisión de servicios básicos como vivienda, agua potable, alcantarillado, salud y los altos niveles de contaminación ambiental, debido a la falta de recursos públicos que son suficientes para satisfacer las necesidades de los habitantes y dotarles de condiciones mínimas de saneamiento básico.

Otro factor negativo que se pudo constatar fue la implantación de Sistemas de Administración y Control Gubernamental, falencia que provocó la carencia de un registro de procesos de contratación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

“No se ha trabajado en el saneamiento de la situación financiera, ni en mecanismos para mejorar la generación de recursos propios y la captación de financiamiento adicional a través de acciones de incorporación de todos los impuestos de inmuebles y vehículos, así como de tasas y patentes municipales por actividad económica. Tampoco se ha iniciado una necesaria depuración de la base de datos de catastro y del sistema tributario”, manifestó.

Con estos antecedentes, pidió a los concejales emprender un trabajo conjunto por Oruro, para solucionar los problemas a través de un pacto social, ratificando que la situación del municipio no es de las mejores.

Posteriormente el oficial Mayor de Desarrollo Urbano, Boris Medina Campuzano, refirió haber encontrado trámites paralizados y acumulados en la oficina, desorden en la designación del personal técnico, obras por administración directa realizadas sin el control presupuestario correcto, se encontraron paralizadas obras de algunos proyectos ya iniciados, y varias obras fueron programadas nominalmente con 1.000 o 5.000 bolivianos insuficientes para su ejecución.

Asimismo según el informe del oficial Mayor de Desarrollo Urbano, se detectó que personal municipal, a la vez realizaba trámites y elaboraba proyectos privados que ingresaban para su trámite a la Alcaldía; aspecto totalmente prohibido por la Ley de Administración y Control Gubernamentales Safco 1178 y del ejercicio profesional del arquitecto entre otras, al constituirse en juez y parte.

Por su parte la oficial Mayor de Desarrollo Económico y Hacienda, Carmen Panoso, en su informe de ejecución presupuestaria, informó que 1.155 proyectos fueron inscritos en el POA, de los cuales 251 tienen presupuesto y 904 no cuentan con presupuesto para su ejecución.

Sobre el pago de sueldos a los trabajadores de avance de obras, informó que las planillas no tienen presupuesto, para efectivizar su pago, no se consideró el incremento salarial, aspecto que ocasionó un déficit en la asignación de recursos, no se cuenta con una relación de personal eventual, se suscribieron contratos civiles a plazo fijo contraviniendo la Ley 1178 Safco, Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público y la Ley 2028 de Municipalidades, contratos ilegales, puesto que todas las entidades públicas solo pueden suscribir contratos administrativos para la prestación de servicios.

De esta forma la alcaldesa municipal, manifestó que en próximos días presentará un Plan de Acción que permitirá mejorar y cambiar de alguna forma la situación crítica por la que atraviesa el municipio.