06 septiembre 2010

A cien días de gestión de la Gobernación aún no se conoce estado de situación de proyectos

El asambleísta departamental por Unidad Nacional (UN), Eduardo Campos Velasco, manifestó que a cien días de la transición de la ex administración prefectural a la actual gobernación aún no se conoce con certeza el estado de situación de los proyectos que encara la gestión del gobernador Santos Tito Veliz.

“En más de una oportunidad la Asamblea Legislativa Departamental ha solicitado a la gobernación para que pueda hacer llegar al ente deliberante, el estado de situación de los proyectos que ha heredado de la anterior gestión prefectural, sin embargo, se conoce más por las declaraciones que realizan a los medios de difusión (tanto el gobernador como el secretario general) y no así de manera oficial, mediante documentación que debieran entregar a la asamblea”, aseveró el legislador departamental.

Indicó que este panorama muestra la manera en la que se está encarando la gestión: “Da la impresión que el gobernador y varios de sus colaboradores, no acaban de entender que sus labores están circunscritas al marco de la autonomía y no se trata como en el pasado de una prefectura. Las disposiciones vigentes, con claridad establecen que es una obligación del ente ejecutivo del gobierno departamental, informar a la Asamblea Legislativa (principal órgano del gobierno del departamento) las acciones que encaran”, indicó.

PUERTO SECO Y OTROS PROYECTOS

Asimismo, señaló que es preocupante el hecho de que hasta la fecha no se conozca con certeza cuál es el estado del estudio a diseño final del proyecto Oruro Puerto Seco y las medidas que se deberían tomar en relación al desempeño del ex prefecto Alberto Luis Aguilar.

“Han mencionado algunos funcionarios de la gobernación que la entrega definitiva de dicho estudio, se realizó el día 31 de mayo de 2010, con posterioridad a la culminación de la gestión del prefecto Aguilar; sin embargo, no se informa cuál es la decisión que se ha tomado al respecto, me refiero a este tema, porque todos conocemos que dicho estudio tiene un costo de más de 10 millones de bolivianos y que desde la promulgación de la Ley de Puerto Seco (diciembre de 2005) ya han pasado 5 años, sin que Oruro haya avanzado sustancialmente en este emprendimiento.

Por otro lado dio a conocer la existencia de más de 60 proyectos de preinversión e inversión que fueron paralizados durante la gestión 2010 por el ex prefecto Aguilar y que no fueron incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) de esa gestión por la falta de recursos.

“Proyecto y estudios que no están inscritos en el POA 2010, mismos que cuentan con compromisos contractuales con empresas ejecutoras y son la causa para que varias comunidades del departamento de Oruro, estén en estado de movilización para que concluyan las obras paralizadas. De manera general, se trata de una situación que debe ser solucionada a la brevedad posible, tanto por los compromisos sociales con los beneficiarios, así como por las obligaciones jurídicas que se tienen mediante contratos”, explicó.

POA 2011

En referencia a la aprobación del POA 2011, puntualizó que nos encontramos a pocos días para que esta situación se produzca (fines del presente mes) y los problemas financieros heredados de la ex Prefectura, aún no se han resuelto de manera efectiva y transparente: “Se señala que existe un déficit de 246 millones de bolivianos para la presente gestión y aún no se ha hecho conocer la forma en la que se pretende cubrir el mismo. Por otra parte, está claro por las declaraciones que emiten tanto el gobernador como el secretario general que se infieren malos manejos de la anterior administración prefectural; sin embargo, no se conoce que acciones están tomando para establecer las responsabilidades pertinentes. Es una verdadera paradoja, escuchar las declaraciones que señalan la mala administración de la ex Prefectura, cuando en el pasado, el gobernador y el secretario general, formaron parte de la Brigada Parlamentaria de Oruro, misma que en más de una oportunidad, señalaba que el prefecto Aguilar, era el -campeón de los prefectos de Bolivia-”, sostuvo Eduardo Campos.

Asimismo, manifestó que es hora para que las actuales autoridades ejecutivas de la Gobernación, muestren con la mayor claridad posible su compromiso con los intereses regionales, de acuerdo a la función que cumplen y en el marco de las disposiciones vigentes, más allá de sus preferencias de orden partidario. En ese sentido, indicó, están obligados a aclarar de una vez, cuál es el estado de situación que hemos heredado de la anterior administración y señalar con la mayor claridad, cuál es la estrategia para resolver los problemas.

“Los 100 días, es un plazo que comúnmente, otorga la ciudadanía a cualquier gestión, en cualquier parte del mundo. Pasados ese término -es también común- que las demandas y compromisos incumplidos se tornen más difíciles de resolver. Ojalá que en el transcurso de la semana que se inicia, la gobernación asuma su responsabilidad de informar a la Asamblea Legislativa Departamental y a la opinión pública en general, como establecen las leyes”, concluyó Campos.

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