Fiscalización: El proyecto confiere inmunidad a los consejeros, con quienes los entes fiscalizadores deberán coordinar su trabajo.
El anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social, presentado ayer por sus propios integrantes, define a este mecanismo como un suprapoder estatal, figura no regulada por la Constitución, que tendrá atribuciones de fiscalizar, investigar e iniciar procesos legales a autoridades y funcionarios de todos los órganos del Estado, empresas financiadas con recursos públicos o compañías privadas que presten servicios públicos. Además, las organizaciones sociales que lo componen son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según el proyecto, “vigilar es observar y espiar el comportamiento de los servidores públicos y custodiar bien los bienes públicos”, y fiscalizar es “inspeccionar y vigilar los bienes públicos”.
Los directivos de este Consejo Nacional presentaron ayer ese documento a la Presidencia de la Cámara de Diputados, representada por su primera vicepresidenta, Adriana Arias, del MAS, en un acto que se cumplió en el vestíbulo del Ministerio de Culturas.
El secretario ejecutivo nacional de la nueva institución, Clemente Gutiérrez, sostuvo ayer que se trata de “un suprapoder, el quinto poder de la sociedad civil organizada es el soberano, el pueblo es el que decide”.
Gutiérrez fue elegido el pasado 4 de mayo por los dirigentes autoconvocados y el directorio fue posesionado de inmediato por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien le dio la misión de elaborar el mencionado anteproyecto.
El Consejo está conformado por 69 instituciones, 41 de las cuales son del departamento de La Paz y, de éstas, al menos 10 forman parte formalmente de las organizaciones sociales que componen el MAS, pero Gutiérrez negó que tanto él como el instrumento tengan filiación masista o exista la idea de prestar apoyo al Gobierno.
Sin embargo, a tiempo de entonar el Himno Nacional, al menos dos integrantes del directorio se llevaron la mano derecha al pecho y levantaron el puño izquierdo, señal que institucionalizó el presidente Morales para los masistas.
El dirigente atribuyó el hecho a “creencias religiosas” y recordó que el anteproyecto prohíbe a militantes de partidos y organizaciones políticas formar parte de los cuadros de dirección.
El documento propone que los consejeros gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. No podrán ser procesados ni siquiera después de la conclusión de su mandato.
De igual manera, se determina que la Contraloría, el Defensor del Pueblo, Ministerio de Transparencia, Consejo de la Magistratura y otras entidades fiscalizadoras deberán coordinar sus actividades con el nuevo mecanismo.
“No muchos van a estar conformes (...). Sabemos que muchas instituciones se van a oponer porque existe en algunos sectores algo de corrupción”, afirmó Gutiérrez.
El documento señala la creación de consejos departamentales, consejos regionales, consejos municipales y consejos indígena originario campesinos para desarrollar sus labores. Según su área de control, estos organismos podrán pedir informes de gestión, escritos u orales, al Presidente y Vicepresidente, autoridades de los Órganos Judicial y Electoral, fiscales, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y departamentales, y concejales.
En otro acápite, estipula que los controladores podrán requerir toda la información que consideren necesaria y los servidores públicos dispondrán de 48 horas para entregar lo solicitado o, de lo contrario, “se presumirá la existencia de hechos de corrupción y se procederá a la investigación e inicio del proceso penal que hubiere lugar”.
Por consiguiente, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o la Contraloría, actualmente en manos del MAS.
Para el cumplimiento de su trabajo, y si fuera necesario, los consejos podrán “requerir el apoyo de la fuerza pública”.
Otras potestades que tendrán esos consejos incluyen su participación en procesos de licitación y contratación de bienes y servicios.
También podrán participar, aunque no se menciona cómo, en la designación de funcionarios públicos y controlar su actuación.
El documento señala que los recursos económicos de la cooperación internacional destinados a programas de apoyo también serán objeto de fiscalización, así como la calidad de servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos.
El Control Social se aplicará también sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional. Senadores y diputados serán objeto de fiscalización incluso por su comportamiento en las sesiones o cuando designen autoridades.
Los consejeros impulsarán acciones legales cuando lo consideren conveniente y sus informes “tendrán validez probatoria en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones”.
Para ser consejero será necesario hablar por lo menos dos idiomas oficiales del país e integrar una organización social. No podrán serlo quienes hayan sido funcionarios públicos en gobiernos de facto.
Bajo la lupa
El Consejo fiscalizará a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional y gobernaciones.
También las empresas públicas y mixtas, entidades públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, autónomas.
El Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Contraloría y Procuraduría serán igualmente objeto del control social.
Fuerzas Armadas, Policía, universidades, empresas privadas socias o contratistas del Estado serán fiscalizadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario