Potosí: El concejal Zenón Gutiérrez reemplaza al ganador de los comicios de la Villa Imperial, sobre quien pesan dos acusaciones.
René Joaquino es el quinto alcalde suspendido desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ayer por la mañana, el Concejo Municipal potosino decidió licenciarlo y eligió como su sucesor a Zenón Gutiérrez, de Alianza Social, el partido liderado por el cesante.
Joaquino, quien obtuvo el 67 por ciento de los votos en los comicios municipales del 4 de abril, se sumó ayer a Héctor Cartagena, de Quillacollo; Víctor Balderrama, de Punata; Delfor Burgos, de Bermejo, y Jaime Barrón, de Sucre, también inhabilitados por ser imputados.
Mientras tanto, en La Paz, el aún presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Luis Revilla, sostuvo ayer que es necesario modificar la Ley Autonómica para evitar que se desencadenen crisis institucionales en las entidades autónomas.
“Necesitamos plantear una modificación legal que pueda detener esta oleada que puede venir contra el conjunto de autoridades municipales por parte de acusaciones que puedan o no puedan estar comprobadas y están sometidas a la simple decisión de un fiscal sin la posibilidad de que nadie diga si las decisiones del fiscal están en apego a la ley”.
El también Alcalde de La Paz anunció que este asunto será analizado por el Congreso Ordinario de la FAM, que se cumplirá este viernes en Cobija.
Revilla solicitó, por escrito, al presidente Evo Morales que considere esa posibilidad, sin haber recibido una respuesta hasta el momento.
La Fiscalía presentó dos acusaciones contra Joaquino: una por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al haber autorizado la compra de seis vehículos y maquinaria pesada a medio uso para la Alcaldía de Potosí, y otra por presuntos nombramientos ilegales en sus anteriores gestiones.
Alain de Canedo, abogado de Joaquino, dijo que esa compra realizada en 2005 se hizo al amparo del Decreto 27328 de Normas de Adquisición de Bienes y Servicios (SABS), que no prohíbe la compra de equipos a medio uso.
“Si no está prohibido, no es un delito. Es lo que estamos demostrando. Estimo que el juicio concluirá en unos tres meses, pero nos sentimos optimistas”.
A causa de la segunda acusación, Joaquino sólo podría ser condenado a pagar una multa, pero ese proceso está en una fase inicial.
El martes, Joaquino anunció la estrategia de su partido. Acogerse a la suspensión y designar a otro concejal de AS como Alcalde. Por ello, ayer no sorprendió que la Fiscalía comunicara a los concejales que si no suspendían a Joaquino, serían procesados por el delito de incumplimiento de deberes.
Joaquino confirmó, después de conocer la decisión del órgano deliberante, que “yo decidí alejarme para evitar la persecución política contra los compañeros concejales de Alianza Social y que se designe a Zenón como alcalde interino”.
A tiempo de asumir el cargo, Gutiérrez (63), jubilado del sector minero cooperativista, recordó los años en los que trabajó en interior mina y reveló que la noche anterior soñaba que ingresaba en un oscuro y profundo socavón. “Eso me señalaba que hoy comenzaría esta labor”.
Joaquino responsabilizó de la situación al fiscal Sandro Fuertes y denunció que “el Gobierno ha insistido en que el reciente movimiento cívico generado en Potosí tiene un culpable y ese culpable es René Joaquino. Por eso, ordenó procesarme a la Fiscalía que sólo representa al partido oficialista. Yo respeto la decisión del Concejo Municipal, mas no comparto que el fiscal esté al servicio de un partido político y se haya tomado la facultad de amenazar a los concejales para suspenderme”.
Dijo, además, que “el MAS pretende acallar al pueblo con juicios y ya no con fusiles y metrallas, como las dictaduras”.
Cossío recibe otra imputación
El Ministerio Público presentó la imputación formal contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, y otras nueve personas por el presunto uso irregular de 5.645.585 bolivianos en la realización del cuestionado referéndum autonómico de junio de 2008.
El fiscal Gilberto Muñoz presentó la imputación contra Cossío, prefecto de Tarija; Mauricio Lea Plaza, ex secretario general, y otros ocho miembros del ex Consejo Departamental, en virtud de la denuncia que planteó la Contraloría General del Estado (CGE).
“A diferencia de los departamentos de Beni y Santa Cruz, en el caso de Tarija, este dinero ha sido manejado exclusivamente por la Prefectura. Debemos recordar que en los departamentos de Santa Cruz y de Beni ese dinero fue entregado a las cortes departamentales; en cambio, en Pando y Tarija, la Prefectura ha utilizado estos recursos de manera institucional”, señaló el contralor Gabriel Herbas.
Los alcaldes suspendidos
Héctor Cartagena, de la agrupación ciudadana Unión Nueva Esperanza, ganó las elecciones municipales de Quillacollo, Cochabamba, pero no se posesionó. Renunció y su cargo es ocupado por la masista Carla Lorena Pinto, actualmente procesada por la Comisión de Ética del Concejo Municipal.
Víctor Balderrama, de la agrupación Insurgente Martín Uchu (IMU), fue el candidato más votado en Punata, Cochabamba, pero el 10 de junio, Silvia Jaldín, de IMU, fue designada alcaldesa interina, por una imputación contra el titular. Sin embargo, el miércoles 11, con el voto de tres concejales de IMU, que estaban encarcelados y que salieron para la sesión realizada en una chichería, se eligió a la masista Leticia Camacho.
Delfor Burgos, del Movimiento Alternativa Regional y alcalde reelecto de Bermejo, fue suspendido al haber sido imputado del presunto delito de nombramientos ilegales. Marcelo Gareca Herbas, de la agrupación ciudadana Acción Social Independiente (ASI), dirige actualmente el municipio.
Jaime Barrón, de la agrupación ciudadana País, fue suspendido el 18 de junio, tras ser imputado de agresiones a campesinos, y presentó renuncia a su cargo el 19 de julio.
René Joaquino está suspendido desde ayer.
Otros alcaldes en problemas son los cruceños Bladimir Chávez, de Buenavista, de la agrupación Verdes, que lidera el gobernador Rubén Costa; Nils Carmona, de Warnes y la agrupación Paz y Progreso; además de Gonzalo Moreno, de Camiri, quienes afrontan investigaciones por diversos casos. Los dos últimos son aliados políticos del gobernador cruceño, Rubén Costas.
Víctor Centeno, del MAS, ganó las elecciones en Pazña, Oruro, pero renunció a causa de presiones para dar espacios de trabajo. Desde el 15 de junio,Gualberto Leaños, de Unidad Nacional, dirige ese municipio.
Opinión
“No puede ser que el diseño de un modelo de gestión publica se sobreponga al interés colectivo, a la democracia, al voto ciudadano, que todo se supedite a un elemento subjetivo de denuncia, para dejar sin responsables a los municipios, y seguramente con imputaciones a gobernaciones. Ése es un modelo absolutamente perverso.
Un modelo así sólo puede debilitar la confianza ciudadana y de la eficacia de la gestión publica. Debemos reconocer que todo proceso de cambio administrativo, como el que vive Bolivia, tiene de por sí tres dificultades: la necesaria gobernabilidad, la dificultad en la aplicación de políticas públicas y el debilitamiento de la eficacia de la inversión publica, pero si además de esas dificultades naturales se incorpora una absolutamente subjetiva que hace al descabezamiento del órgano publico, de la institucionalidad, debemos tener presente que estamos introduciendo un elemento que va a dificultar la relación, la eficacia, el cumplimiento de los objetivos estatales. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el castigo a los culpables, tiene que ver con la violación de un principio de libertad de que gozan los servidores públicos, que es la presunción de inocencia”.
Carlos Hugo Molina / Analista
No hay comentarios:
Publicar un comentario