Los gobernadores que sean suspendidos de sus funciones temporalmente cuando enfrenten una acusación formal en su contra serán reemplazados interinamente por uno de los asambleístas departamentales de su región.
La cláusula está prevista en el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Autónomas que ayer fue aprobado en grande y en detalle en la Cámara de Senadores. En su artículo 9 (Procedimiento) indica que conocida la acusación formal, la Asamblea Legislativa Departamental designará “sin mayor trámite a la Máxima Autoridad Ejecutiva interina de entre los asambleístas departamentales”.
La norma no precisa, en este caso, la forma de elección del asambleísta que reemplazará interinamente al Gobernador durante “toda la sustanciación del proceso” en el que asumirá su defensa jurídica. Si es absuelto, reasumirá su cargo, pero si recibe una sentencia, se convocará a una nueva elección.
La correlación de las fuerzas políticas en los organismos deliberativos departamentales indica que si el gobernador tarijeño, Mario Cossío, es suspendido, su reemplazante podría ser un asambleísta del MAS, porque esta fuerza política tiene 11 asambleístas al igual que Camino al Cambio, de Cossío; no obstante, el partido oficialista tiene respaldo del Poder Autonómico Nacional (PAN) que tiene cinco votos, pues para designar a la nueva autoridad se requiere de mayoría.
En el caso del Beni, la situación no será tán fácil para el MAS, ya que Primero Beni, de Ernesto Suárez, tiene 11 asambleístas y una alianza con el MNR-Pueblo que ostenta tres votos, en tanto que el partido oficialista tiene 10 legisladores y tendría que convencer a los cuatro asambleístas indígenas para obtener su apoyo. De lograrlo, cada uno obtendría el apoyo de 14 representantes.
En Santa Cruz, Rubén Costas tiene 12 legisladores frente al MAS, que consiguió nueve escaños, aunque el Frente Amplio y los indígenas cuentan con siete representantes, lo que podría inclinar la balanza en favor de uno u otro frente.
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera garantizó la posesión de estas autoridades, pero la ley no les garantiza la continuidad en sus cargos.
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