Los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y de las cortes departamentales electorales (CDE) cesarán en sus funciones dos meses después de que entre en vigencia la nueva Ley Electoral, según propone el Movimiento Al Socialismo (MAS) en su proyecto para normar este ámbito.
La propuesta que elaboró el oficialismo y que la presentó al Senado para su tratamiento señala en el parágrafo V de su tercera disposición transitoria que “… los actuales vocales nacionales y departamentales cesarán en sus funciones 60 días después de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de que las autoridades del Órgano Electoral sean designadas antes de este plazo, la cesación de cargos se hará efectiva a partir de la posesión correspondiente”.
Las actuales autoridades del OEP: Antonio Costas, Amalia Oporto y Roxana Ybarnegaray, en el planteamiento que presentaron al Congreso en marzo, proponen que “las y los vocales de la Corte Nacional Electoral que se encuentren en ejercicio de funciones al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán en sus cargos como vocales del Tribunal Supremo Electoral”.
Esa entidad basa su propuesta en la disposición transitoria primera, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que dice que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
En aplicación de esta disposición, los vocales del OEP plantean que “el tiempo de funciones transcurridos desde el día de su posesión hasta el día de vigencia de la presente ley se computará como parte del periodo de funciones de seis años establecido para el cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral”.
El presidente del OEP, Antonio Costas, luego del acto de la presentación de los resultados de las elecciones del 4 de abril, explicó el lunes que su mandato es de cuatro años, el cual no ha concluido. “Dejemos que las autoridades trabajen, mientras me toque trabajar y mientras yo tenga mandato, voy a seguir trabajando como hasta ahora”.
Costas e Ybarnegaray fueron posesionados en mayo de 2009, y Oporto, en diciembre de 2008. A partir de estas fechas se cuentan sus cuatro años de mandato.
El proyecto del MAS dice que el proceso de convocatoria pública y la calificación de capacidad y méritos para la selección de vocales nacionales se hará en un plazo máximo de 50 días desde la entrada en vigencia de la norma. La Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral estará formado por siete miembros, al menos dos de ellos de origen indígena.
El oficialismo propone además que se nombren tres mujeres. Seis de los miembros serán electos por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa y uno será designado por el Presidente del Estado. El mandato será por seis años sin posibilidad de reelección.
Según el partido de Gobierno, los tribunales electorales regionales contarán con cinco vocales, al menos uno de origen indígena y dos mujeres. La Cámara de Diputados elegirá a cuatro vocales por dos tercios de votos de los presentes y uno será designado por el Primer Mandatario.
La Ley Electoral debe estar aprobada máximo hasta el 22 de julio.
Compensación para la Policía
El oficialismo plantea una compensación económica a la Policía Nacional por los recursos que dejaría de percibir por la emisión de cédulas de identidad, que pasará a depender del Tribunal Supremo Electoral, según plantea su proyecto de Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El documento dice que “el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecerá los mecanismos para la compensación económica”. Según las estimaciones, la entidad ‘verde olivo’ percibe unos 39 millones de bolivianos anuales por concepto de cédulas de identidad en el país.
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