El gobernador reelecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, tiene prohibido salir del país y debe pagar una fianza de 100.000 bolivianos (14.100 dólares), según la decisión del juez sexto de Instrucción en lo Penal Alberto Zeballos.
El magistrado concedió las medidas sustitutivas a Costas, quien declaró ayer en el Palacio de Justicia acusado de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes del Estado por haber financiado el referéndum del 4 de mayo de 2008.
De acuerdo con el dictamen del juez Zeballos, el ex Prefecto será arraigado y sólo podrá salir del país con orden judicial justificando invitaciones de tipo institucional. Además, tendrá que pagar una fianza de Bs 100.000 y deberá presentarse cada 20 días a firmar el cuadernillo de asistencia ante el representante del Ministerio Público. En la audiencia que se llevó a cabo en el quinto piso del Palacio de Justicia y que terminó con una concentración política de los seguidores de Costas, estuvo la fiscal del distrito Arminda Méndez, que evitó pronunciarse sobre el proceso judicial.
El abogado de la defensa, Willam Herrera, calificó como temeraria la imputación de la Fiscalía y enseguida explicó y mostró pruebas de que Costas ya fue procesado dos veces por la misma causa. Una de ellas fue rechazada por la Fiscalía General del Estado. Al final de su alegato, Herrera pidió la libertad irrestricta para su defendido.
“Estoy arraigado en Santa Cruz, pero es por mi pueblo. De aquí no me voy a ir nunca”, fue la primera expresión del ex Prefecto, que salió del Palacio de Justicia en medio de la ovación de sus seguidores que lo esperaron durante toda la tarde. Después, Costas reiteró que el Gobierno quiere atemorizarlo con este tipo de persecuciones políticas que apuntan a bloquear su asunción al cargo. “Van a tener que inventarse otros motivos, porque tengo el apoyo de un millón de cruceños que votaron por el Estatuto de Santa Cruz”, dijo el acusado.
Las expresiones de apoyo a Costas y de rechazo al Gobierno se alternaron por parte del prefecto Roly Aguilera, el líder cívico Luis Núñez y el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores.
Desde La Paz, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, no quiso emitir criterio alguno a nombre del Gobierno para no interferir en el trabajo de los representantes del Ministerio Público. “Si el juez ha determinado medidas sustitutivas, debe ser porque está aplicando lo que la ley le faculta”.
Abogado de la defensa califica de temeraria la imputación de la Fiscalía .
Para destacar
Rubén Costas debe pagar una fianza de 100.000 bolivianos, quedar arraigado y presentarse cada 20 días a la Fiscalía.
La acusación sostiene que el ex Prefecto el año 2008 dispuso de 10.000 dólares para financiar el estatuto autonómico.
El juez rechazó el pedido de la Fiscalía de detener en forma preventiva al Gobernador elegido el 4 de abril.
El Gobernador electo, a la multitud que se hizo presente, le dijo que éste es un juicio político por impulsar la autonomía.
“No me arrepiento” de haber impulsado la consulta, dijo, y señaló que este proceso comenzó a principios del siglo XIX.
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