El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca la recomposición del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) antes de las elecciones de autoridades judiciales el 5 de diciembre próximo y plantea aprobar una nueva ley electoral que ablandará el principio de la preclusión de mesas después de procesos electorales.
El oficialismo afina los detalles de su proyecto de Ley del Órgano Electoral que ya tiene, según la senadora Sandra Soriano (MAS), “un avance del 99,9 por ciento” y faltaría cuatro artículos por revisar, aunque no dio mayor detalle al respecto.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar en 180 días, luego de su instalación, cinco leyes fundamentales: la del OEP, Régimen Electoral, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y de Autonomías. Éstas deben ser aprobadas hasta el 22 de julio.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Eduardo Maldonado (MAS), afirmó ayer que “las nuevas instituciones requieren de nuevas autoridades” tras ser consultado si con la nueva normativa se cambiará a los actuales vocales electorales.
“Con la Ley del Órgano Electoral, que responde al nuevo diseño de Estado, requerimos de instituciones que estén a la altura de las exigencias de este proceso de transición estatal, y tendría que procederse (también) a toda una dinámica de elección de autoridades que estén a cargo del Tribunal Supremo (Electoral), como los tribunales departamentales electorales”.
Fuentes del partido oficialista en la Cámara de Senadores indicaron que una vez aprobada la Ley del OEP se iniciará imediatamente el proceso de designación de autoridades electorales.
La jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, manifestó que se hará una evaluación en el ámbito del oficialismo sobre el trabajo de las cortes electorales, pero antes se necesita contar con una ley.
“Ya se tomará una decisión respecto de los vocales, yo creo que también hay que hacer una diferenciación en las cortes que sí han tenido un buen resultado, un trabajo transparente (...), que sí han manejado de manera transparente la información, pero otras no, entonces hay que diferenciar ambas cosas”.
De los tres vocales del OEP, sólo Amalia Oporto cumplió su mandato el año pasado, que en el marco de la Ley 4021 fue ampliado hasta finalizar el proceso electoral de abril. En la misma situación se encuentran los vocales de las nueve cortes, excepto los designados por el presidente Evo Morales. Los legisladores masistas mantienen en reserva el contenido de su propuesta, que será presentada la siguiente semana al pleno del Senado, aunque Maldonado adelantó que la normativa busca, entre otros puntos, que el OEP no se limite a supervisar procesos democráticos basados en el ejercicio del voto, sino que cumpla otras prácticas, “tan legítimas como las asambleas y los cabildos”, propias de sectores sociales.
El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), abrió la posibilidad de anular el principio de preclusión que determina las etapas que debe seguir el proceso electoral y que una vez validadas son irrevisables. Esta medida fue adoptada en la década de 1990 para evitar que los candidatos perdedores pidieran el recuento de votos.
Esta propuesta surge en medio de las denuncias del Gobierno de un supuesto fraude en las elecciones del 4 abril en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Este punto, dijo Maldonado, está en análisis y es parte de lo que será la Ley de Régimen Electoral, cuyo proyecto también es elaborado por el MAS.
El MAS mantiene en secreto el contenido de su Ley del Órgano Electoral.
Control social en actos electorales
El MAS, en la Asamblea Legislativa, busca que la elección de las autoridades que constituirán el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales se haga bajo el principio del control social, lo que permitirá a la sociedad civil impugnar las postulaciones de quienes aspiren a esos cargos.
La jefa de la bancada de los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, djo que en el marco de los artículos 240 y 241 de la Constitución, que establecen el Control Social, se plantea que los procesos de elección o candidaturas “tengan la posibilidad de impugnación desde la sociedad civil”.
“Vamos a hacer que esto sea una regla para todas las autoridades que vayan a ser elegidas, necesitamos transparentar sus hojas de vida, sus perfiles, y si en algún momento tienen que ser impugnados, lo sean, pero con documentación suficiente”.
La CPE establece que el Tribunal Supremo Electoral estará conformado por siete miembros, uno de ellos designado por el Presidente del Estado y el resto por dos tercios de la Asamblea. Los vocales de los tribunales departamentales serán elegidos por la Asamblea Legislativa de una terna que eleven las asambleas legislativas departamentales.
Cedulación, la dificultad
La propuesta de las actuales autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de que la otorgación de cédulas de identidad, hoy en manos de la Policía Nacional, esté a cargo del ente electoral aún no halla consenso en el oficialismo.
La jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, dijo ayer que existen diferencias acerca de esa propuesta “que tienen que analizarse con cuidado”.
El OEP propone en su proyecto de ley la creación del Documento Único Nacional de Identificación (DUNI), que sería otorgado por el ente electoral y sustituiría a la cédula de identidad que hoy se tramita en la Dirección Nacional de Identificación Personal dependiente de la Policía Nacional.
Este planteamiento fue rechazado por la institución del orden, y cuando lo conoció —en marzo pasado— envió una nota al Ministerio de Gobierno haciendo conocer su posición, pues es una fuente importante de sus ingresos institucionales. El trámite de la cédula de identidad tiene un costo de 17 bolivianos.
El presidente del OEP, Antonio Costas, justificó la propuesta por el principio de “unicidad” en el entendido de que el organismo electoral, al tener bajo su tuición el Registro Civil, corresponde que tenga la responsabilidad de otorgar el documento de identidad con base en los datos del Padrón Electoral, que tiene más de cinco millones de inscritos.
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