Los alcaldes opositores electos de Sucre y Potosí afirmaron ayer que las demandas judiciales contra ellos esconden una “persecución” de parte del Gobierno de Evo Morales.
Jaime Barrón, burgomaestre electo de la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, sostuvo que el proceso en su contra “es fruto de una persecución política que se hace para evitar que llegue a la Alcaldía”, cargo que debe asumir el 30 de mayo.
“A escala nacional se está utilizando la justicia y a los fiscales para tratar de evitar que la gente de oposición trabaje en los lugares donde ha ganado las elecciones”, dijo Barrón, elegido en los comicios municipales celebrados el 4 de abril.
Barrón fue acusado por fiscales de Sucre de los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, lesiones graves, lesiones leves y privación de libertad.
El Alcalde electo, ex líder del Comité Interinstitucional de Sucre, ha sido acusado de haber instigado actos de violencia y humillación de indígenas afines al oficialismo el 24 de mayo de 2008, en la plaza principal de esa ciudad.
También de haber organizado protestas contra el Ejecutivo y la Asamblea Constituyente por oponerse a que se discuta la posibilidad de que Sucre recupere su condición de capital plena frente a La Paz, que es la sede del Gobierno.
Tras la demanda contra Barrón, algunos legisladores del oficialismo, e incluso el fiscal Dante Romay, anticiparon la posibilidad de que la autoridad electa no pueda asumir el cargo si el proceso en su contra continúa avanzando.
René Joaquino, ex candidato presidencial y alcalde reelecto en Potosí por Alianza Social (AS), está acusado por la Fiscalía por un presunto incumplimiento de deberes porque hace cuatro años compró 12 vehículos de segunda mano para ese municipio.
La denuncia señala que Joaquino no debió haber comprado los automóviles a medio uso sino nuevos, pero él justificó la decisión con que el municipio no tenía recursos para esa adquisición.
La autoridad electa dijo: “Mi preocupación es que este caso se maneje desde un ámbito enteramente político (...) No creo que sea un buen mensaje para la democracia, ni es un buen mensaje para la seriedad que debe caracterizar al Gobierno nacional”.
Aseveró que la decisión que tomó en su momento fue conocida por las organizaciones sociales y el Comité de Vigilancia de la ciudad de Potosí porque se hizo de forma “transparente”.
La autoridad edil sostuvo que fue una decisión adecuada porque se compraron 12 vehículos, la mitad de ellos equipo pesado, por un monto de 140.000 dólares, una suma que hubiera alcanzado para un solo camión nuevo.
A la fecha, son cuatro los alcaldes opositores que tienen procesos judiciales abiertos, entre ellos Moisés Shriqui, de Trinidad, por su presunto vínculo con el grupo irregular de Eduardo Rózsa, y Luis Revilla, quien es investigado por irregularidades en la compra de tierras.
Joaquino y Barrón fueron elegidos en las elecciones del domingo 4 de abril
Un video destapa presión en Sucre
Una grabación magnetofónica difundida por uno de los implicados en el caso 24 de mayo ha desatado un escándalo en Sucre, debido a que en ella se implica al fiscal encargado de las investigaciones, Dante Romay, quien supuestamente habría tratado de presionar al declarante para implicar a ex autoridades locales, entre ellas, el alcalde electo en los comicios del 4 de abril, Jaime Barrón.
En la cinta, que fue difundida ayer por varios medios de comunicación, se puede escuchar una voz, que supuestamente pertenece a Romay, sugiriendo al ex dirigente universitario Yamil Pilco implicar en sus declaraciones “al rector” y a “dirigentes cívicos” en los abusos y vejaciones que sufrieron campesinos el 24 de mayo de 2008, tras enfrentamientos con grupos citadinos.
El audio, al parecer logrado mediante un teléfono celular, fue conocido pocas horas después de conocerse la imputación formal presentada por el fiscal Romay contra una veintena de personas de Sucre, entre ellas el ex rector Jaime Barrón, la ex alcaldesa Aydeé Nava, el ex dirigente cívico John Cava, la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y el ex concejal Fidel Herrera, entre otros.
Una de las primeras reacciones sobre este hecho fue la del ahora alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón, quien sostuvo que el contenido de esa supuesta conversación es “una prueba de que el proceso no es otra cosa que una persecución política”.
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