La Prensa
Las autoridades departamentales que tienen juicios en su contra son Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni, y Mario Cossío de Tarija. En el caso de alcaldes están Jaime Barrón, de Sucre; René Joaquino, de Potosí; Luis Revilla, de La Paz, y Moisés Shriqui, de Trinidad (Beni). En todos ellos el factor común radica en que son opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El constitucionalista chuquisaqueño Gabriel Peláez advirtió ayer que dichos procesos pueden generar ingobernabilidad “como lo que ocurrió aquí (Sucre) con la (ex) alcaldesa Aydeé Nava (...) no había un proceso formal y al final la obligaron a renunciar”.
Además aseguró que “se sabe que estos procesos tienen una finalidad política”; sin embargo, aclaró que esto no puede impedir que las autoridades electas juren a su mandato y cumplan sus funciones ya que la única manera de cesar en sus funciones es cuando se dicte una sentencia condenatoria.
La abogada Isabel Romero también opinó que los procesos que pesan sobre estas autoridades electas podrían convertirse en mecanismos de presión como ocurrió en Santa Cruz cuando el gobernador electo Rubén Costas fue arraigado porque supuestamente malversó recursos públicos en la organización del referéndum por el Estatuto Autonómico. La acción judicial fue calificada por Costas como una persecución política.
No obstante, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo que el caso “no está vinculado a un tema político, sino administrativo” porque, además, no fue el Ejecutivo el que interpuso la denuncia; no obstante, el denunciante es el Ministerio de Transparencia, que forma parte del Gobierno.
Los procesos iniciados contra Suárez y Cossío también son por el supuesto desvío de recursos para la organización de las consultas para la aprobación de los textos autonómicos (ver cuadros).
El alcalde electo de Potosí, René Joaquino, es acusado de la compra de autos usados e indocumentados. En La Paz, Luis Revilla y el jefe nacional de Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, fueron acusados de desvío de un millón de bolivianos por la compra de terrenos en la zona de Alpacoma. En Sucre, el alcalde electo Jaime Barrón afronta dos denuncias ante el Ministerio Público por casos de nepotismo en la Universidad San Francisco Xavier y por su participación en actos de racismo contra campesinos el 24 de mayo de 2008.
El alcalde electo de Trinidad, Moisés Shriqui, es investigado por percibir dos sueldos del Estado, de militar jubilado y de Alcalde, lo que va en contra de la Ley del Funcionario Público. Además, la Fiscalía lo vinculó al caso Rózsa, pues supuestamente mantuvo un contacto con el miliciano Eduardo Rózsa Flores, abatido en 2009.
Los procesos contra estas autoridades aún están en pausa, pero pueden
reactivarse en cualquier momento como ocurrió con el del Gobernador cruceño.
Gobernadores electos con procesos
Rubén Costas /Santa Cruz
Es procesado por una supuesta malversación económica de 10,2 millones de bolivianos en la organización del referéndum aprobatorio del Estatuto Autonómico de Santa Cruz del 4 de mayo de 2008. Fue arraigado y sólo podrá salir del país con orden judicial justificando invitaciones de tipo institucional. Debe pagar una fianza de 100.000 bolivianos (14.100 dólares). Además debe presentarse cada 20 días a firmar el cuadernillo de asistencia ante el representante del Ministerio Público.
Mario Cossío / Tarija
Es acusado por conducta antieconómica (uno a seis años de cárcel), uso indebido de funciones (dos a ocho años), contratos lesivos al Estado (uno a cinco años) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de función pública e incumplimiento de deberes. El daño económico al Estado supera los 249 millones de bolivianos. También existe la petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Asamblea Legislativa Plurinacional del inicio de un juicio de responsabilidad.
Ernesto Suárez / Beni
Acusado de delitos como incumplimiento de deberes (un mes a un año), uso indebido de funciones (2 a 8) y conducta antieconómica (1 a 6 años) por el uso de recursos para la consulta sobre el Estatuto. Además tiene un proceso por el desembolso de fondos públicos —mediante convenios— en beneficio de la cooperativa Maniqui, la encargada de prestar el servicio de energía eléctrica al municipio de San Borja. El daño económico por estos desembolsos es de 840.882,64 bolivianos.
Alcaldes electos y con procesos
Jaime Barrón/Sucre
Acusado por la Contraloría chuquisaqueña de nepotismo (2 a 8 años de cárcel) en la Universidad San Francisco Xavier. Barrón, ex rector de esa institución en Sucre, fue denunciado por haber vulnerado normas vigentes y leyes como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En la Cámara Alta se le sigue un proceso por su participación en los hechos de racismo contra campesinos en 2008.
R. Joaquino/Potosí
Es acusado de la compra de autos usados e indocumentados, en la gestión 2006, y de incumplimiento de deberes (sanción un mes a un año). El pasado 14 de abril, el fiscal Sandro Fuentes aseguró que el proceso judicial contra el alcalde electo de Potosí, René Joaquino, continuará hasta su conclusión a pesar de las amenazas que recibe. El proceso iniciará en mayo.
Luis Revilla/La Paz
El alcalde electo Luis Revilla y el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, son acusados del presunto desvío de un millón de bolivianos por la compra de terrenos en la zona de Alpacoma para el relleno sanitario. La primera notificación ante el Ministerio Público no prosperó porque los acusados no pudieron conocer las razones de la demanda.
M. Shriqui/Trinidad
Es investigado por la Fiscalía de tener vínculos con los hechos del caso Rózsa en el país. También la Contraloría General procesa al Alcalde de Trinidad por percibir doble salario y ocasionar un daño económico de 116.000 dólares al Estado (1 a 6 años). Shriqui realizó cobros a la Alcaldía Municipal de Trinidad por 901.000 bolivianos y del Seguro Social Militar otros 647.000 bolivianos.
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