Nava es acusada por el resellado, Barrón por el nepotismo en la "U" y Cuéllar por firmar un contrato
El Ministerio Público reactiva los procesos en contra de autoridades locales y departamentales de Chuquisaca. Corren imputaciones formales en contra de la prefecta Savina Cuéllar Leaños, el ex rector y candidato a alcalde, Jaime Barrón Poveda, y la ex alcaldesa de Sucre Aydeé Nava Andrade, contra quien la Fiscalía pide detención preventiva en la cárcel.
Las tres autoridades fueron denunciadas por la presunta comisión de varios delitos en el ejercicio de sus funciones y los fiscales, luego de un proceso de investigación iniciado en agosto de 2009, presentaron la imputación formal para someterlos a proceso.
EN EL CASO DE SAVINA CUÉLLAR
La imputación en contra de la Prefecta tiene que ver con presuntas irregularidades cometidas en la suscripción del contrato de obras para la construcción de la tercera fase del Estadio Patria con el arquitecto Raúl Amado Rivera Ramírez, incumpliendo normas de contratación.
El juicio contra Cuéllar comenzó a raíz de un contrato firmado con Rivera quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por la compra irregular de gaviones en Tarija, pero el proceso fue anulado por un Tribunal de Amparo por defectos en el procedimiento.
El juez Primero de Instrucción en lo Penal, Iván Sandoval, señaló que la imputación de la fiscal Carmen Rosa Encinas, sostiene que la prefecta habría anulado un primer documento de contratación para la supervisión de obras de la tercera fase del Estadio Patria adjudicado por su antecesor Ariel Iriarte, alegando que la designación de esta autoridad era ilegal y por tanto sus actos eran nulos de pleno derecho.
La fiscalía imputó también al contratista, Amado Raúl Rivera Ramírez y a los funcionarios Rafael Rolando Rodríguez Gómez, Ricardo González Laguna y Wilson Cancio Pillco Mamani, por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
AYDEÉ NAVA, EX ALCALDESA
Otros imputados por la Fiscalía son la ex alcaldesa Aydeé Nava y Mariano Molina Taborga, acusados por presuntas irregularidades en el proyecto de resellado asfáltico y mantenimiento de vías en la zona central, en el contrato con la empresa constructora Santos. La investigación fue ampliada en contra de Luis Alberto Camacho Ávalos.
El fiscal Gustavo Carrión, en su imputación ante el juez Iván Sandoval, argumenta que los denunciados habrían adecuado sus actos a los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes al haber entregado a la empresa Santos un anticipo del 20% en un tiempo récord sin que la firma deposite completamente sus boletas de garantía tal como establecen las normas.
JAIME BARRÓN EN LA MIRA
La tercera imputación del Ministerio Público a denuncia del ex diputado Wilber Flores es contra el ex rector de la Universidad San Francisco Xavier, Luis Jaime Barrón Poveda, porque supuestamente habría permitido "que trabajen clanes familiares en la Universidad, probablemente pagando las facturas de apoyo a su elección como rector o retribuir a su hermandad masónica, perjudicando a otros profesionales que se encuentran sin trabajo".
El Ministerio Público considera que Barrón cometió el delito de incumplimiento de deberes porque no habría cumplido con su obligación de solicitar informes; estudios o incluso auditorías que pongan fin al nepotismo vulnerando la Ley Financial de la República el 2008.
FISCALÍA SOLICITA DETENER A NAVA
Contra la ex alcaldesa, el Ministerio Público impulsa al menos cinco procesos. El primero por el denominado caso de las 80.000 bolsas de cemento, un segundo por desobediencia a la autoridad e impedir y estorbar la investigación dentro del primer caso, un tercero por la compra de autoadhesivos, aunque sobre este caso ya hay una resolución de suspensión condicional del proceso; además del caso de las mochilas y este último del resellado asfáltico.
El fiscal Gustavo Carrión, en su solicitud de medida cautelar, argumenta que al tener la ex alcaldesa varios procesos en su contra y es probable que huya, y por ello se está deshaciendo de sus bienes. Además dice que existen suficientes elementos de convicción para sostener la autoría y participación de la imputada en la entrega del 20% a la empresa Santos.
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