Un total de 217.024 bolivianos es lo que costará la realización de los 12 referendos por la autonomía indígena que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre, confirmó a Enlared-Onda Local la Corte Nacional Electoral (CNE).
El costo por municipio oscila, según la cantidad de votantes, entre 6.516 bolivianos en Chipaya, Oruro, y 36.012 bolivianos, en Charagua, Santa Cruz, el municipio más grande del país.
El ministerio de Autonomías considera la posibilidad de financiar la consulta con recursos del Fondo Indígena, los cuales provienen a su vez del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH.
La solicitud de que sea el Fondo Indígena el que financie los referendos ya fue hecha formalmente a su Directorio, el cual analizará el pedido en una reunión que sostendrá en las próximas horas en Camiri, Santa Cruz.
Los recursos serán destinados a la impresión de papeletas, papel de escritorio, producción de artes gráficas en papel y cartón (de las ánforas), bolsas plásticas para el traslado de papeletas, útiles de escritorio y oficina (bolígrafos y otros), además de repuestos y accesorios.
El responsable de prensa de la CNE, Rubén Martínez, aclaró que los recursos serán destinados exclusivamente para materiales, toda vez que la capacitación, el presupuesto para los jurados electorales, su transporte y otros gastos serán cubiertos con los recursos destinados a las elecciones generales.
“Como es una elección general, el presupuesto para jurados, transporte, gasolina (y otros) es el mismo; no puede haber dos presupuestos diferentes cuando las elecciones generales y el referéndum por la autonomía indígena serán el mismo día y en el mismo lugar”, señaló.
Martínez acotó que tanto la adquisición de materiales como la impresión de papeletas estará bajo la responsabilidad del órgano nacional electoral, que transferirá el material electoral a las cortes departamentales.
La CNE ya presentó el requerimiento de los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual ya realizó el traspaso correspondiente de los fondos a las cuentas del órgano electoral.
Aunque el decreto 231 establece que los recursos para la organización de la consulta serán debitados de las cuentas de los municipios solicitantes, el Ministerio de Autonomía gestiona recursos del Fondo Indígena, para cubrir el costo total.
“Está en trámite; los 12 municipios solicitaron que se recurra a estos recursos, pero esto depende del directorio que administra los recursos del fondo indígena, dijo el viceministro de Autonomías Saúl Ávalos.
DEMANDA
* El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq, y vicepresidente, además, del directorio de administración del Fondo Indígena, Sergio Hinojosa, indicó que la demanda será analizada.
Hinojosa indicó que no se descarta que se pueda destinar los recursos para los referendos indígenas, aunque remarcó que por regla el Fondo prioriza los proyectos productivos.
“Tenemos varios proyectos productivos presentados, pero este lo veremos a nivel del directorio, tiene que haber consenso entre las cinco organizaciones que forman parte del pacto de unidad”, apuntó.
Según la Ley 2769 del Referéndum, el costo de los plebiscitos debe ser financiado por cada municipio donde haya la consulta.
El costo por municipio oscila, según la cantidad de votantes, entre 6.516 bolivianos en Chipaya, Oruro, y 36.012 bolivianos, en Charagua, Santa Cruz, el municipio más grande del país.
El ministerio de Autonomías considera la posibilidad de financiar la consulta con recursos del Fondo Indígena, los cuales provienen a su vez del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH.
La solicitud de que sea el Fondo Indígena el que financie los referendos ya fue hecha formalmente a su Directorio, el cual analizará el pedido en una reunión que sostendrá en las próximas horas en Camiri, Santa Cruz.
Los recursos serán destinados a la impresión de papeletas, papel de escritorio, producción de artes gráficas en papel y cartón (de las ánforas), bolsas plásticas para el traslado de papeletas, útiles de escritorio y oficina (bolígrafos y otros), además de repuestos y accesorios.
El responsable de prensa de la CNE, Rubén Martínez, aclaró que los recursos serán destinados exclusivamente para materiales, toda vez que la capacitación, el presupuesto para los jurados electorales, su transporte y otros gastos serán cubiertos con los recursos destinados a las elecciones generales.
“Como es una elección general, el presupuesto para jurados, transporte, gasolina (y otros) es el mismo; no puede haber dos presupuestos diferentes cuando las elecciones generales y el referéndum por la autonomía indígena serán el mismo día y en el mismo lugar”, señaló.
Martínez acotó que tanto la adquisición de materiales como la impresión de papeletas estará bajo la responsabilidad del órgano nacional electoral, que transferirá el material electoral a las cortes departamentales.
La CNE ya presentó el requerimiento de los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual ya realizó el traspaso correspondiente de los fondos a las cuentas del órgano electoral.
Aunque el decreto 231 establece que los recursos para la organización de la consulta serán debitados de las cuentas de los municipios solicitantes, el Ministerio de Autonomía gestiona recursos del Fondo Indígena, para cubrir el costo total.
“Está en trámite; los 12 municipios solicitaron que se recurra a estos recursos, pero esto depende del directorio que administra los recursos del fondo indígena, dijo el viceministro de Autonomías Saúl Ávalos.
DEMANDA
* El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq, y vicepresidente, además, del directorio de administración del Fondo Indígena, Sergio Hinojosa, indicó que la demanda será analizada.
Hinojosa indicó que no se descarta que se pueda destinar los recursos para los referendos indígenas, aunque remarcó que por regla el Fondo prioriza los proyectos productivos.
“Tenemos varios proyectos productivos presentados, pero este lo veremos a nivel del directorio, tiene que haber consenso entre las cinco organizaciones que forman parte del pacto de unidad”, apuntó.
Según la Ley 2769 del Referéndum, el costo de los plebiscitos debe ser financiado por cada municipio donde haya la consulta.
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