El Movimiento al Socialismo (MAS) organizó ayer dos largas caravanas para respaldar la candidatura de la primera senadora por La Paz, Ana María Romero de Campero, y el postulante a segundo senador Fidel Surco; mientras seguidores del Plan Progreso para Bolivia (PPB) pidieron a gritos en las puertas de la Vicepresidencia que el vicepresidente Álvaro García Linera debata con Leopoldo Fernández.
Las marchas masistas, la primera realizada en la zona Sur y la otra en el centro paceño, congestionaron las calles de la sede de gobierno. Las caminatas fueron encabezadas por Romero de Campero, el candidato a diputado plurinominal de La Paz, Héctor Arce, y Surco, quienes a su paso recibieron aplausos en puestos de venta y de transeúntes; aunque también se observó rechazo de algunos electores que veían el paso de las caravanas proselitistas teñidas de azul, blanco y negro.
El ambiente de fiesta de sábado se tornó problemático con un “plantón” del PPB en las puertas de la Vicepresidencia. Según el reporte del canal Unitel, los seguidores del binomio Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández se apostaron con pancartas en la mano que decían “Debate sí”, para gritar estribillos contra García Linera a fin de que acepte el reto de Fernández.
El candidato vicepresidencial por el PPB, detenido en el penal de San Pedro hace 14 meses, mediante una carta que hizo llegar al Palacio de Gobierno, de-
safió a García Linera a sostener un debate político.
No obstante, el Vicepresidente descalificó ese reto y sostuvo que no discute con personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, en referencia a los cargos penales que pesan sobre el ex Prefecto pandino, como asesinato, asociación delictuosa, entre otros.
El candidato a diputado por La Paz del Plan Progreso Alejandro Zapata dijo que “Bolivia tiene derecho a que ambos (García Linera y Fernández) puedan presentar sus propuestas. Así, en las condiciones que quiera, Leopoldo Fernández va a asistir a un debate”.
Según el Gobierno, la ex autoridad pandina no puede realizar campaña electoral ni puede hablar con los medios sin autorización de un juez; pero el candidato se ampara en un fallo del Órgano Electoral Plurinacional.
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