El ministro San Miguel advirtió que si la CNE no permite el voto de esos ciudadanos, “sería un atentado a un derecho fundamental establecido en la CPE”.
A 10 días de la elección, oficialistas y opositores pusieron contra la pared a la Corte Nacional Electoral (CNE) por su decisión de declarar a 400.671 ciudadanos inscritos en el padrón biométrico como habilitados temporales para la elección general. El Gobierno y el MAS demandaron su inmediata habilitación plena y los opositores su depuración definitiva, bajo amenazas de procesos legales en su contra.
Anoche, a las 23.00 horas, la sala plena de la CNE trabajaba en sesión declarada “permanente”, según reveló la vocal Roxana Ibarnegaray, analizando el proceso electoral. Lo hacía en base a los términos de la resolución que declaró que existen 400.671 ciudadanos observados —que se inscribieron sin tener el aval de un certificado de nacimiento—, quienes ahora deben regularizar su inscripción hasta el 3 de diciembre.
Esta decisión fue rechazada por el Ejecutivo, que exigió la habilitación plena de esos ciudadanos.
“El Órgano Ejecutivo sienta una posición de que debe respetarse el derecho a voto, el derecho a sufragio, el derecho político y ciudadano de quienes no han falsificado ningún documento, no han fraguado ningún documento de identidad”, señaló el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
Advirtió que si la CNE mantiene esa decisión, sería un atentado a un derecho fundamental establecido en la Constitución, en la declaración universal de los derechos humanos, en otras cartas interamericanas de la OEA y otros documentos.
Dijo que ese problema afecta a ciudadanos “en su gran mayoría humildes, ciudadanos de a pie que han ido a empadronarse cumpliendo un deber y un derecho. Los 400 mil que tienen derecho a sufragar son nuestros compañeros: Mamanis, Apaza, Quispe o Rada o San Miguel, quien fuera, de la ciudad y del campo”.
Por su parte, el vocero del MAS, Jorge Silva, advirtió que los vocales de la CNE podrían ser sometidos a juicios si mantienen esa posición.
“Lo que ellos tienen que hacer es emitir una resolución en el marco de la Constitución, de la Ley de Régimen Electoral, del Código (Electoral) y permitir que todas las personas registradas voten, porque si no lo hacen, están sujetos a ser procesados de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, por vulnerar los derechos constitucionales”..
En el otro frente, los políticos de la oposición pidieron que las personas observadas sean depuradas.
“Hay que tomar medidas para evitar que haya fraude, que de una vez se pueda depurar esos 400 mil casos observados y que no participen en esta elección porque no cumplen los requisitos que establece la ley”, dijo el candidato a la presidencia por Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, tras convocar a una cumbre de partidos de la oposición, que luego fue rechazada por los frentes aludidos.
El aspirante a la presidencia por el Plan Progreso para Bolivia (PPB), Manfred Reyes Villa, coincidió en que “tienen que depurarlos a los 400.000, no queda más”.
El postulante a la presidencia por Alianza Social, René Joaquino, criticó la posición del Gobierno y pidió respeto a las decisiones de la CNE, aunque su vocero y candidato a diputado, David Vargas, coincidió en respaldar la depuración.
“Los vocales del Órgano Electoral no son empleados del ministro para recibir instrucciones, nosotros confiamos en el trabajo que va a hacer el Órgano Electoral”, afirmó Joaquino. Los opositores coincidieron en que la causa del problema es el programa de carnetización gratuita que impulsó el Ejecutivo. “Han carnetizado de manera irresponsable con un tinte enteramente político, la carnetización de los venezolanos ha sido negativa”, dijo Joaquino.
“Tenemos información de que el Gobierno está tratando de postergar las elecciones debido a que es el responsable ante esos 400 mil ciudadanos de haber emitido documentos que no son legales”, coincidió Doria Medina.
San Miguel deslindó responsabilidad del Ejecutivo en esos casos y culpó a la CNE, que maneja el Registro Civil, de ser la causante de este problema por las deficiencias en la administración de esta institución. El ministro incluso se preguntó si es que el Órgano Electoral quería hacer fracasar las elecciones del 6 de diciembre al no permitir el voto de esas personas. Los vocales de la CNE no se pronunciaron.
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