El hecho de utilizar la Brigada Parlamentaria como casa de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) es un caso flagrante de corrupción, porque dicha entidad funciona como una comisión del Congreso al ser un órgano de vinculación con las regiones, dijo ayer el senador de Poder Democrático y Social (Podemos), Carlos D’Arlach.
El parlamentario expresó su malestar porque la Brigada Parlamentaria no puede ser utilizada como casa de campaña y menos como un lugar donde se firmen acuerdos políticos, tal como lo hacen los candidatos del MAS.
“Qué se puede esperar de personas que antes de ser electos ya abusan de los bienes públicos”, sostuvo.
Indicó que la ciudadanía debiera condenarlos con el voto, rechazándolos porque si se vota para la gente que utiliza la Brigada Parlamentaria con fines políticos, es darle un aval a la corrupción.
El legislador opositor señaló que nunca se debieran haber hechos actos de convenio ni nada por el estilo, porque la Brigada es una institución netamente de coordinación parlamentaria que tienen que estar al servicio de Tarija, sin estar alineada con ningún partido político.
“El MAS mínimamente en el barrio el Molino tiene dos casas de campaña, porque no lo hacen ahí o en su sede (…) esto es un asalto a la institucionalidad y debe ser condenado con el voto del ciudadano”, reiteró.
Precisó que le llama la atención el silencio de varios parlamentarios, entre ellos el del presidente Hugo Vargas Antelo que avala, calla y se hace de la vista gorda sobre el tema, cometiendo un delito de omisión de permisibilidad, de esconderse y no pronunciarse sobre el tema de abuso de uso de la Brigada Parlamentaria con fines Electorales de un partido político.
“El debiera salir a condenar porque no lo elegimos para que salga en la foto, ni para que vaya a actos en representación de la Brigada, toda función tiene sus malos tragos, pero con esta omisión y actitud demuestra que realmente pertenece en la práctica a las filas del MAS”, afirmó.
CANEDO
En lo referente a la justicia, sobre la suspensión de la ministra Rosario Canedo acusado de prevaricato por los diputados del oficialismo, el parlamentario dijo que sin haber juicio se está judicializando política, cuando dicha función corresponde a otra instancia del Estado boliviano.
D’Arlach señaló que hubo casos flagrantes de corrupción al interior del Gobierno y en ningún caso se decidió iniciar juicios de responsabilidades, la muestra más clara es el daño económico ocasionado por la hoy ministra Patricia Ballivian al rescindir contrato con la empresa Queiroz Galvao y dejar paralizada la construcción y pavimentado de la ruta Tarija-Potosí.
Otro caso es el de Jorge Alvarado que funge de embajador en Venezuela, después de hacer un contrato a dedo con Iberoamericana, o la ex ministra Alicia Muñoz quien pecó de negligencia al retirar y no enviar la policía a Huanuni, cuando hubo un enfrentamiento que dejó 13 muertos.
Según D’Arlach, el Gobierno tiene intenciones totalitarias y tiene sus mecanismos, el primero es haber ocupado la Contraloría General de la República con un diputado del MAS y el segundo aspecto es haber descabezado el Poder Judicial.
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