El Ejecutivo acusa a senadores de la oposición de electoralizar su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno dará hoy su informe en la Organización de Estados Americanos, mientras la oposición lo hará mañana.
Las dos delegaciones ya se encuentran desde ayer en Washington. El equipo oficialista está encabezado por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y el viceministro interino de Justicia, Nelson Cox.
El Presidente del Senado, Óscar Ortiz, encabeza el grupo de la Cámara Alta. También viajaron dos miembros de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos de esa instancia, Luis Vásquez y Róger Pinto.
Desde Washington, Llorenti cuestionó la visita de los senadores a la CIDH. Aseguró que el objetivo de los parlamentarios es buscar réditos en la votación del 6 de diciembre con las denuncias que presentarán.
“Existe una afán de electoralizar e instrumentalizar un escenario tan importante como es la CIDH. Algunos miembros de la oposición buscan cualquier pretexto para viajar a Washington, que es el lugar donde vive Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso algunos miembros se quedaron en Miami donde vive Carlos Sánchez Berzaín”.
El Senado aprobó el Informe sobre violación a los Derechos Humanos elaborado por la Comisión de Constitución y autorizó el viaje para que sea presentado ante la instancia correspondiente (CIDH) de la OEA.
Vásquez, uno de los autores del documento, afirmó que éste será presentado el martes a las 17.00 (hora boliviana) y es el resultado “de un trabajo de 18 meses que habla de las 74 muertes que han habido en el país y de otras violaciones cometidas por el Gobierno”.
El informe también recoge los casos de la expropiación de la casa de Víctor Hugo Cárdenas; el castigo, en nombre de la justicia comunitaria, a Marcial Fabricano, y el proceso judicial de Leopoldo Fernández.
Además, se presentará un segundo documento ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH sobre las agresiones de las autoridades del Ejecutivo a los medios de comunicación.
La comisión del Senado dará una videoconferencia el martes a las 19.00 para informar sobre su exposición ante la OEA.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, indicó a La Prensa que la delegación oficialista hará una exposición de 45 minutos, el tiempo establecido por la CIDH, en la que se apoyará en otros informes como el de Unasur sobre la denominada “masacre de Porvenir” y el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca del trabajo forzoso en comunidades guaraníes.
“Se va a dar todos los detalles que den cuenta de que no ha habido violaciones a los derechos humanos en esta gestión. Se van a dar a conocer los pormenores de varios hechos”.
Convenio en noviembre
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Kreamer, confirmó que en este mes se firmará el nuevo convenio de cooperación entre Bolivia y su país.
El diplomático norteamericano explicó que el objetivo de las dos naciones es alcanzar un acuerdo que delinee la cooperación bilateral.
“Tenemos que concretar ese convenio marco. Tuvimos una reunión muy productiva la semana pasada en Washington como reconoció el presidente (Morales). Seguimos negociando. No quiero entrar en detalles, pero es un marco para establecer una relación basada en el respeto mutuo. Tenemos la esperanza de que antes de fin de mes vamos a lograr algo”.
El anterior sábado, el presidente Evo Morales anunció en el Palacio de Gobierno que el nuevo convenio será firmado este mes. Kreamer no quiso referirse a si la DEA retornará al país o a las condiciones para el trabajo de Usaid.
Antecedentes del informe del Senado en el caso Leopoldo
Leopoldo Fernández fue aprehendido el 16 de septiembre de 2008 por efectivos de las Fuerzas Armadas que tomaron la capital pandina tres días después de la masacre de Porvenir, en la que murieron al menos 11 simpatizantes del oficialismo y un empleado de la Prefectura de Pando.
Fue trasladado a La Paz, donde fue acusado por la Fiscalía de las muertes de campesinos y normalistas en Porvenir. El juez Quinto de Instrucción Cautelar en lo Penal, Willams Dávila, determinó el 18 del mismo mes remitir a Fernández a la cárcel de San Pedro, de La Paz, bajo detención preventiva.
Desde el principio, la defensa del Prefecto suspendido pidió que éste sea procesado por la Corte Suprema de Justicia bajo la modalidad de caso de corte, aunque siempre precedió ese pedido por la declaración de inocencia de su cliente.
La Cámara de Diputados aprobó el 1 de octubre de 2009 el informe en conclusiones que emitió la Comisión Especial Legislativa, con facultades de Ministerio Público, que investigó la violencia registrada en Porvenir, Pando, entre el 11 y 14 de septiembre de 2008, el que pide proceso penal ordinario contra el ex prefecto Leopoldo Fernández. El documento fue remitido a la Fiscalía General del Estado.
Ese mismo mes, el candidato de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, postuló a Fernández como candidato a la Vicepresidencia que planteó un caso único en la historia de la política boliviana.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no encontró ningún impedimento legal para que Fernández se postule a la Vicepresidencia, porque no es un reo sentenciado. El 20 de octubre, el pleno del OEP resolvió que el ex Prefecto pandino, “con sujeción a las restricciones impuestas a su libertad de locomoción por su situación de detenido preventivo, puede ejercer sus derechos a la libertad de expresión con fines electorales y a realizar propaganda política”.
Sin embargo, Régimen Penitenciario consideró necesario que un juez competente se pronuncie para establecer si Fernández puede o no tener, por ejemplo, contacto con la prensa. Pero en este momento, no hay una autoridad judicial que pueda decidir sobre este caso.
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