El candidato por la circunscripción número 10 por el partido de Bolivia Social Democrática (BSD), Juan Primo Tapia Machicado, propone endurecer las penas contra “cogoteros”, violadores y asaltantes ampliando la sanción de 20 a 25 años de cárcel.
Tapia asimismo, planteó la modificación y endurecimiento del actual Código de Procedimiento Penal para sancionar a los “cogoteros” que cometieron homicidio y no asesinato, dijo.
A falta de políticas para frenar la inseguridad ciudadana en Bolivia, todos los días estos delincuentes avezados se dan a la práctica de destruir familias integras. Según el candidato, la familia de la víctima pasa un vía crucis para buscar justicia sin hallarla.
“Una persona o un chofer que honradamente trabaja manejando una movilidad lo cogotean. Detienen al cogotero, quien tiene un abogado llamado defensa pública. La víctima tiene otro abogado que se llama fiscal. El fiscal atiende entre 200 a 300 casos y no hay exclusividad. Entonces, el fiscal se remite a señalar que se contrate otro abogado que le pueda ayudar en el proceso para hacer la querella al cogotero, mientras el abogado pide 3.000 mil bolivianos a gente pobre que no tiene recursos”, explicó.
Aseveró que el drama que pasan las personas de la víctima no termina ahí, porque hay otros hechos que impiden el proceso.
“La propuesta que tengo es la creación a través del Código de Procedimiento Penal de la Procuraduría Penal, que es un ente multidiciplinario que tiene trabajo social, psicólogos, abogados para que coadyuven a la familia de la víctima que sufre mucho más ya que busca justicia”, dijo.
Mencionó que el abogado que exige dinero será sancionado por la Procuraduría, instancia que le proporcionará otro abogado. Asimismo, dijo que se frenará la corrupción en la policía y se evitará pagos de 50 Bs. para la gasolina por parte de una familia pobre para la investigación.
Todo este problema al interior de la justicia hace que el juez o el fiscal deba dejar libre el delincuente, reconoció.
Sostuvo que la Ley Blatmann establece dejar libre a un “cogotero” una vez cumplida la mitad de la sentencia, otorgándole al victimador el derecho al extramuro.
“Si se han portado bien y ha estudiado en la cárcel, qué lindo, tres años y no se hace nada ahí. Entonces lo que proponemos es endurecer la norma a 20 ó 25 años de cárcel para asaltantes, cogoteros y violadores”, dijo.
Precisó que toda esta propuesta de normativas debe implementarse a través del proyecto anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, que aún se ventila en el Congreso Nacional.
Tapia asimismo, planteó la modificación y endurecimiento del actual Código de Procedimiento Penal para sancionar a los “cogoteros” que cometieron homicidio y no asesinato, dijo.
A falta de políticas para frenar la inseguridad ciudadana en Bolivia, todos los días estos delincuentes avezados se dan a la práctica de destruir familias integras. Según el candidato, la familia de la víctima pasa un vía crucis para buscar justicia sin hallarla.
“Una persona o un chofer que honradamente trabaja manejando una movilidad lo cogotean. Detienen al cogotero, quien tiene un abogado llamado defensa pública. La víctima tiene otro abogado que se llama fiscal. El fiscal atiende entre 200 a 300 casos y no hay exclusividad. Entonces, el fiscal se remite a señalar que se contrate otro abogado que le pueda ayudar en el proceso para hacer la querella al cogotero, mientras el abogado pide 3.000 mil bolivianos a gente pobre que no tiene recursos”, explicó.
Aseveró que el drama que pasan las personas de la víctima no termina ahí, porque hay otros hechos que impiden el proceso.
“La propuesta que tengo es la creación a través del Código de Procedimiento Penal de la Procuraduría Penal, que es un ente multidiciplinario que tiene trabajo social, psicólogos, abogados para que coadyuven a la familia de la víctima que sufre mucho más ya que busca justicia”, dijo.
Mencionó que el abogado que exige dinero será sancionado por la Procuraduría, instancia que le proporcionará otro abogado. Asimismo, dijo que se frenará la corrupción en la policía y se evitará pagos de 50 Bs. para la gasolina por parte de una familia pobre para la investigación.
Todo este problema al interior de la justicia hace que el juez o el fiscal deba dejar libre el delincuente, reconoció.
Sostuvo que la Ley Blatmann establece dejar libre a un “cogotero” una vez cumplida la mitad de la sentencia, otorgándole al victimador el derecho al extramuro.
“Si se han portado bien y ha estudiado en la cárcel, qué lindo, tres años y no se hace nada ahí. Entonces lo que proponemos es endurecer la norma a 20 ó 25 años de cárcel para asaltantes, cogoteros y violadores”, dijo.
Precisó que toda esta propuesta de normativas debe implementarse a través del proyecto anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, que aún se ventila en el Congreso Nacional.
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