El candidato a la Vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Leopoldo Fernández, no pedirá autorización de un juez para convocar a conferencias de prensa como planteó el Gobierno porque, según sus abogados, sería reconocer la competencia de la justicia ordinaria.
Entretanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), exigen la renuncia del presidente de la entidad electoral por su supuesta parcialidad con el candidato presidencial Manfred Reyes Villa.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, calificó de “ignorancia jurídica” la interpretación legal del vicepresidente Álvaro García Linera, quien el jueves dijo que el candidato vicepresidencial por el PPB-CN debía acudir a la justicia ordinaria para hacer prevalecer sus derechos de libertad de expresión y campaña.
Brito dijo que la defensa del ex Prefecto pandino “no caerá en esta trampa” que sólo apunta a que Fernández, acusado de asesinado, terrorismo y otros delitos por la masacre de Porvenir, reconozca la competencia de un Juzgado ordinario y sea procesado sin privilegios.
“El proceso de Leopoldo debe ser ventilado en la Corte Suprema de Justicia” porque los delitos de los que se le acusa fueron cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
“La ley es clara, el Decreto Supremo 26715 señala que quien otorga licencia para hablar a mi cliente es el Gobernador y Régimen Penitenciario, no menciona un juez, por tanto, eso se tiene que cumplir”.
El OEP en Sala Plena autorizó que Fernández, como candidato vicepresidencial, ejerza sus derechos de tomar contacto con los medios de comunicación y hacer campaña política y pidió al presidente Evo Morales, en el marco de la coordinación de poderes, que haga cumplir este dictamen.
Sin embargo, el Ejecutivo rechazó el fallo alegando que la determinación asumida por el organismo electoral es una competencia de la justicia y amenazó al presidente de la entidad, Antonio Costas, con denunciarlo ante organismos electorales por su presunta parcialización con Reyes Villa.
El asesor jurídico del Plan Progreso-Convergencia Nacional, Eduardo León, anunció que ante el incumplimiento del Ejecutivo insistirá en que la resolución del OEP se cumpla y el lunes presentará un memorial ante la Corte Departamental Electoral de La Paz (CDE) para que haga cumplir el fallo de Sala Plena porque, según explicó, el artículo 40 del Código Electoral establece que las cortes departamentales electorales garantizarán el cumplimiento de las resoluciones de la institución electoral.
En la estrategia legal del ex Prefecto también está previsto presentar denuncias penales ante la Fiscalía en contra del presidente Evo Morales; el ministro de Defensa, Walker San Miguel, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y obstrucción de la campaña electoral de un candidato.
Además tienen en planes denunciar este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Presidente del organismo electoral, ayer durante la clausura de la reunión de cortes departamentales electorales en Sucre, ratificó que las decisiones del organismo electoral son de cumplimiento obligatorio y dijo “que esto (la polémica) está de buen tamaño” y reiteró que no comentará más al respecto.
Agradeció el respaldo de las nueve cortes departamentales electorales y dijo que, aun sin apoyo, la decisión del Órgano Electoral sigue en vigencia.
Esta persistencia de Antonio Costas molestó a dos bases masistas. El secretario ejecutivo de la CSUTCB, Isaac Ávalos, pidió la renuncia de Costas porque “ha demostrado que está con la oposición y no es imparcial”.
El dirigente de la Conamaq Gregorio Choque anunció ayer que los indígenas afiliados a esta organización iniciarán movilizaciones en contra del presidente del organismo electoral y habrá mítines frente a San Pedro.
La dirigente de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Leonilda Zurita, dijo que, “como ya no goza de imparcialidad, (Costas) debería renunciar, sería lo adecuado”.
El vicepresidente Álvaro García Linera, el jueves, dijo que la arremetida del Gobierno no debe ser tomada como un pedido de renuncia de Costas, aunque el Presidente puso en duda la imparcialidad del OEP que dirige los procesos electorales.
Ayer en Oruro, dijo que el organismo electoral pretende frenar las elecciones. “Pienso, verdad, que ahora otra vez el Órgano Electoral está provocando que reaccionemos y renuncie para que no haya las elecciones”.
Vocero del Cardenal pide respeto al fallo del OEP
El vocero del cardenal Julio Terrazas, Marcial Chupinagua, afirmó ayer que se debe respetar la resolución emitida por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y permitir que el candidato a la Vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Leopoldo Fernández, tenga contacto con los medios de prensa.
A 44 días para las elecciones generales del 6 de diciembre, Chupinagua cuestionó, también, la “guerra sucia” y los insultos a los que apelan los candidatos del oficialismo y la oposición en procura de lograr la preferencia del electorado.
“El concepto que tenemos nosotros es de respeto a la autoridad, y si se sostiene que en este escenario, la autoridad máxima es la Corte Electoral, quienes quieren respeto deben dar respeto a las instancias y autoridades a quienes les corresponde”.
El OEP aprobó una resolución que da la posibilidad al candidato a la Vicepresidencia PPB-CN tener contacto con los medios para dar a conocer a la población las propuestas de gobierno que tiene.
Empero, el Gobierno decidió rechazar esa instrucción y anunció que denunciará ante organismos internacionales al presidente del OEP, Antonio Costas, porque supuestamente se parcializó con la candidatura de Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández. El vocero cardenalicio hizo votos para que en estas últimas semanas los políticos tengan oídos para escuchar a todos y hagan uso de principios, valores y el respeto mutuo.
La oposición critica a Evo
La oposición legislativa tildó ayer de injustas y arbitrarias las represalias anunciadas por el Gobierno de Evo Morales contra el titular del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, por haber aprobado una resolución que autoriza al candidato a la Vicepresidencia por el PPB-CN, Leopoldo Fernández, a tener contacto con los medios de prensa y realizar campaña electoral desde la cárcel de San Pedro.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Luis Vásquez Villamor (Podemos), dijo que primero se debe definir si las amenazas de Evo Morales fueron hechas como presidente de los bolivianos o en su calidad de candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Para el diputado por Cochabamba Arturo Murillo, de Unidad Nacional, las amenazas lanzadas por Evo Morales en contra del presidente del organismo electoral son una muestra del “abuso de poder”, y añadió que cumple un rol múltiple, pues no sólo es Presidente, sino dirigente de los cocaleros y ahora candidato del MAS.
No obstante, estos criterios fueron rebatidos por el senador Félix Rojas (MAS), para quien la aseveración del Presidente tiene todo el fundamento jurídico y legal porque “el señor Costas se tomó atribuciones que no le competen. Él no es juez”.
“Presidente, no le tema a la verdad”
“Presidente, no le tema a la verdad, la verdad nos liberará a ambos, a mí de purgar un encierro que corresponde al verdadero asesino de mi pueblo y a usted de seguir viviendo la gran mentira de un Gobierno construido sobre el engaño”, señala uno de los párrafos de la carta que le envió ayer el candidato a la Vicepresidencia por Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Leopoldo Fernández, le envió al presidente Evo Morales.
“La manera arbitraria en que se me privó del ejercicio de mis derechos ha puesto en evidencia la supresión de libertades que vive Bolivia. Hoy como nunca, quedó en evidencia que soy un preso político de su Gobierno, un preso al que no se le reconocen los derechos fundamentales que asiste a cualquier ciudadano bajo detención penal incluso aquellos con sentencia ejecutoriada, que no es mi caso”.
El Órgano Electoral Plurinacional aprobó una resolución en la que autorizó al postulante a la Vicepresidencia el contacto con los medios de prensa y hacer campaña electoral.
Fernández está detenido hace 13 meses en la cárcel de San Pedro de la sede del Gobierno a la espera de juicio penal por la masacre de Porvenir del 11 de septiembre de 2008, cuando murieron al menos 11 personas, la mayoría campesinos y normalistas.
El candidato recordó detalles de cuando fue Ministro de Gobierno durante la presidencia de Jorge Quiroga y cuando Morales era dirigente cocalero. “Qué ironía, Presidente, no me ha concedido usted ese mínimo de justicia, ese beneficio de la duda que yo le proveí cuando siendo Ministro de Gobierno me tocó decidir si debía usted ser aprehendido y procesado toda vez que ya no gozaba de fuero parlamentario por las muertes de policías y militares en Sacaba el año 2002”.
En la misiva de dos páginas, Fernández le recordó también que, tras ser electo como Prefecto de Pando, en enero de 2006, el Jefe de Estado le pidió el apoyo de los dos senadores pandinos Róger Pinto y Paulo Bravo para lograr el control de la Cámara de Alta a cambio de darle la vía libre para hacer lo que quisiera con Pando.
La misiva fue entregada ayer en el Palacio Quemado por la esposa de Fernández, Pilar Soria, y el vocero del Plan Progreso de Bolivia, Érick Fajardo. A requerimiento de los periodistas, ambos se trasladaron a las puertas del Palacio Quemado para hacer declaraciones, pero un contingente de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) procedió a desalojarlos a empellones y también a los trabajadores de la prensa asignados el hecho.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo ayer que el ex Prefecto pandino, con esa carta, está protagonizando un show político y mediático al que “el Ejecutivo no se prestará de ninguna manera”.
Apuntes
El Vicepresidente planteó que Fernández solicite permiso a un juez para hacer campaña.
Si el fallo es favorable, dijo, Régimen Penitenciario cumplirá la orden de inmediato.
Sin embargo, la defensa no reconoce la justicia ordinaria, pide un juicio de responsabilidad.
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