Santa Cruz / El Deber.- Martín Serna Ponce, ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que hace 15 años secuestró al empresario y político Samuel Doria Medina, se benefició de las garantías de dos personas vinculadas al actual régimen. La primera es Lucía Fernanda Suárez Blancourt, que actualmente trabaja como asesora de Comunicación de la Vicepresidencia de la República.
Suárez es persona cercana a Álvaro García Linera; la otra garante que figura en el voluminoso expediente es María Martha Gonzales, que es esposa del actual senador masista Antonio Peredo Leigue.
El juez a cargo de la causa, José Ayaviri, explicó que las dos personas presentaron garantías económicas y no se les podía seguir un proceso porque no es delito.
El monto que fue requerido por la fiscal Jaqueline Bustillos Sánchez fue de 5.000 bolivianos por persona, que fueron pagados por las garantes.
El caso recobró vigencia cuando el fiscal Leopoldo Ramos, que se hizo cargo del proceso, solicitó a la Cancillería de Bolivia, a través de la Fiscalía General de la República, que se pida los documentos oficiales de Gustavo Irigoyen Mamani a las autoridades venezolanas, que supuestamente es el nombre que utiliza ahora Martín Serna Ponce; aunque en los reportes internacionales se menciona que su nombre es Wilfredo Gustavo Idigora Mamani.
A su vez, el domingo, el empresario y actual candidato presidencial de UN-CP acusó al Gobierno, en el programa Usted Elige-Día V, de proteger a Martín Serna Ponce porque forma parte de la actual estructura gubernamental.
El fiscal Ramos también solicitó el registro físico de esa persona, porque, según él, con esos documentos se puede concluir que se trata de la misma persona y, en ese caso, se iniciará una nueva querella judicial contra Serna Ponce y en la que las dos garantes —María Martha Gonzales y Lucía Suárez— pueden ser procesadas como cómplices.
El representante del Ministerio Público dijo que por el momento se piden las huellas dactilares y el registro de esa persona, pero que luego se puede avanzar en una causa contra todos los involucrados.
El hermano del senador Peredo y cuñado de Gonzales, Oswaldo Peredo, dijo que las acusaciones que realiza el dirigente de UN son descabelladas y obedecen a una campaña política con miras a las elecciones del 6 de diciembre. “Él (Samuel Doria Medina) sabe que está muy por debajo en las encuestas y encuentra este tema para lograr rédito político”.
Se intentó tomar contacto con Lucía Suárez, pero fue imposible durante toda la jornada, pues en sus oficinas de la Vicepresidencia dijeron que estaba en reunión y su teléfono celular se encontraba apagado.
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