El juicio contra el candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia (PPB), Leopoldo Fernández, comenzó a andar mientras la Prefectura de Cochabamba, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), abrió un segundo juicio contra el presidenciable Manfred Reyes Villa por la supuesta malversación de fondos.
Con el sorteo del Tribunal Ordinario para juzgar al ex Prefecto de Pando se inicia la etapa de juzgamiento y concluye la de investigación. Juristas coinciden que a la defensa de Fernández se le acaban las posibilidades de seguir eludiendo el proceso.
El procedimiento penal establece que hasta la instalación del juicio oral pueden pasar dos meses, por lo que será imposible que el candidato sea inhabilitado para las elecciones generales.
El fiscal director de la investigación del caso Porvenir, Eduardo Morales, informó el martes del sorteo del Tribunal de Sentencia. La instancia está encabezada por los jueces Rubén Ramírez Conde y César Portocarrero Cuevas, miembros del Tribunal Sexto. Tres jueces ciudadanos serán designados por el Registro Civil para completar el cuerpo colegiado.
La defensa de Fernández aseguró que no reconoce la instancia de juzgamiento y reiteró que sólo reconoce la competencia de la juez mixta de Instrucción de Porvenir, María Eugenia Romero.
La abogada Sandra Almanza dijo que el proceso se aceleró para inhabilitar la candidatura de Fernández, detenido preventivamente en San Pedro desde el 18 de septiembre de 2008.
“Hemos notado que desde que Leopoldo Fernández ha decidido ser candidato para la Vicepresidencia, este proceso ha sido acelerado, la negligencia inicial del Ministerio Público se ha convertido en diligencia, seguramente van a seguir agilizando los actos, pero eso no tiene ninguna significación procesal, porque lo que se busca es inhabilitar a mi cliente como candidato”.
El Ministerio Público presentó el 12 de octubre la acusación formal contra el candidato de PPB, sindicándolo por delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves, lesiones leves y asociación delictuosa.
Fernández guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde el 18 de septiembre de 2008. Fue retirado de su cargo como Prefecto por los enfrentamientos en Porvenir y Filadelfia, entre el 11 y 12 de septiembre, que provocaron la muerte de al menos 11 personas. Luego de esos sucesos, el Gobierno declaró estado de sitio en el departamento.
Otras 26 personas, entre funcionarios de la Prefectura pandina y miembros del Comité Cívico, fueron acusadas en el mismo proceso.
El abogado penalista Wilding Álex Panique Rojas dijo que a la defensa de Fernández le quedan pocas posibilidades. “Con el sorteo del Tribunal (de Sentencia) concluye la etapa de investigación y se inicia la de juzgamiento. A partir de ahora se ha cerrado toda posibilidad de discusión sobre el juicio y a la defensa le corresponde defenderse”.
Almanza; sin embargo, reiteró que persistirán en el reclamo para que la ex autoridad sea llevada a un juicio de privilegio, por tratarse de una autoridad prefectural.
Los abogados de Fernández esperan que el fiscal general de la Nación, Mario Uribe, se pronuncie a favor de su reclamo, luego de que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en atención al memorial presentado por Fernández, dispusiera que el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, que se encuentra a cargo del proceso, se inhiba del conocimiento de éste por falta de competencia y se remitan los actuados al Ministerio Público en Sucre.
El Auto Supremo sostiene que “según lo establecido por el artículo 118 de la Constitución Política del Estado, el juzgamiento del impetrante, debido a su condición de Prefecto de departamento, debe llevarse a efecto bajo la modalidad de juicio de privilegio constitucional, establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal”.
De todas formas, el fiscal Morales consideró que el Tribunal podrá estar constituido hasta mediados de noviembre. Informó que lo que corresponde es presentar el Auto de Radicatoria y se emita la notificación a todos los involucrados. “Cumplidos estos requisitos, se debe conformar el tribunal con los jueces ciudadanos para luego señalar la audiencia que da inicio al juicio oral”.
El Código de Procedimiento Penal dispone que el Tribunal tiene entre 20 y 45 días para fijar fecha del inicio del juicio oral. En cualquier caso, esto sería después del 6 de diciembre.
Panique Rojas coincidió con su colega orureño Iver Pereira (constitucionalista) en que de ninguna manera podrá ser inhabilitado, porque el juicio puede llegar a durar varios años.
Pereira explicó que como la defensa de Fernández no reconoce la jurisdicción de la justicia ordinaria, la única vía que tiene es recusar a cuantos tribunales pueda, con tal de impedir la instalación del proceso en su contra.
Estas recusaciones pueden ser presentadas a todos los tribunales que se constituyan en el departamento de La Paz (incluye El Alto o Achacachi, por ejemplo), luego puede pasar a otro distrito como Oruro, por ejemplo, y de ahí a Cochabamba y así hasta llegar hasta Pando, porque de otra manera tendría que someterse al juicio.
“En sí, Fernández no podrá eludir este juicio iniciado en su contra, porque el Juzgado no está reconociendo su ‘privilegio’, por lo que es un imputado común. Si sus abogados deciden no presentar ninguna acción, se le puede juzgar en rebeldía con un abogado de la Defensa Pública”.
En Cochabamba, la Prefectura presentó ayer un segundo proceso contra el candidato a la Presidencia de Plan Progreso para Bolivia, Manfred Reyes Villa, y nuevamente por daño económico durante su gestión a la cabeza de la Prefectura de Cochabamba. Se fijó la fecha para la primera audiencia de medidas cautelares, para el 4 de noviembre a las 15.30.
Camilo Medina, asesor legal de la Prefectura de Cochabamba, informó que el ex Prefecto deberá responder en los juzgados por la supuesta malversación de 70 millones de bolivianos. “Ahí se definirá la situación de detención preventiva. Si se le va dar un arraigo, una detención domiciliaria, una presentación periódica o finalmente una fianza por la magnitud del daño económico”.
El prefecto Jorge Ledezma interpuso los dos procesos legales. La Contraloría General, dirigida por el diputado del MAS Gabriel Herbas, realiza otras auditorías por nuevas denuncias, como la compra con sobreprecio de vehículos, aunque todavía no hay ninguna demanda por este asunto.
Reyes Villa reiteró que todas las acusaciones en su contra obedecen a intentos del oficialismo por frenar su candidatura.
“Como no pueden detener nuestro avance y crecimiento, están utilizando argumentos, primero eran los (la compra de) vehículos, no hay nada, entonces dijeron encontraremos (otra denuncia) con el caso (de la construcción) del puente que ha sido licitado cuando yo no era Prefecto, ya no saben qué van a hacer para tratar de encontrar y presionar al Ministerio Público”.
Leopoldo envía carta a la ONU
El candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia, Leopoldo Fernández, envió una nueva carta, esta vez al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Reveló que dio curso al desbloqueo del aeropuerto de Cobija por un pedido de la representante permanente de la ONU, Yoriko Yasukawa; del entonces Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y de la actual candidata a senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ana María Romero.
De acuerdo con la misiva del ex Prefecto de Pando, cuando la pista del aeropuerto Aníbal Arab quedó expedita, “un comando militar tomó la pista y permitió el aterrizaje de un Hércules que transportó un contingente de fuerzas militares”.
“La misión humanitaria que se me anunció jamás llegó (…) Las fuerzas de represión sembraron más muerte en Pando y se instauró un estado de sitio que sirvió para intervenir la gobernación militarmente y deponer de facto a una autoridad electa, revocando el proceso democrático en Pando, que permanece cancelado hasta hoy”.
La ONU respondió inmediatamente a la carta de Fernández. Esta nota dice que la Representante Permanente conversó con Fernández luego de los sucesos del 11 de septiembre; sin embargo, nunca se hizo una solicitud formal para despejar la pista. “Cualquier otra suposición o conjetura sobre lo ocurrido escapa al conocimiento de nuestra Organización”.
En contacto telefónico con La Prensa, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot (a quien estaba dirigida la carta), informó que hoy puede pronunciarse sobre la misiva, dado que hasta la noche de ayer no recibió una copia. Racicot se encuentra fuera del país al igual que Yoriko Yasukawa, representante permanente.
Este medio intentó comunicarse con Ana María Romero y con Waldo Albarracín, sin embargo ninguno de los dos contestó su celular. Albarracín, como defensor del Pueblo en esa época, arribó a Cobija el 16 de septiembre y realizó una primera investigación sobre lo sucedido en Porvenir. Concluyó que entre el 11 y 12 de septiembre de 2008 hubo una masacre. Ana María Romero se opuso el fin de semana al partido por el cual ella es candidata al mencionar que Fernández tiene derechos y debería hablar con los medios.
Convocan a conferencia
El Plan Progreso para Bolivia (PPB) hará hoy un nuevo intento para que su candidato a la Vicepresidencia, Leopoldo Fernández, pueda realizar una conferencia de prensa. La cita fue confirmada a los medios de comunicación para las 10.00.
El ex Prefecto de Pando, detenido preventivamente en el penal de San Pedro, no puede hablar con los medios desde el 18 de septiembre de 2008. Existe polémica entre el Gobierno, PPB y el Órgano Electoral Plurinacional sobre el derecho a la libre expresión de Fernández. El Ejecutivo insiste que debe ser un juez el que autorice cualquier conversación. El vocero de PPB, Érick Fajardo, dijo que esperan que el Gobierno “reflexione” y permita hoy hablar a Fernández.
OEP anuncia sanciones
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) anunció sanciones en caso de que no se cumplan con sus resoluciones de Sala Plena; entre ellas, la que reclama por el derecho a la libre expresión de Leopoldo Fernández, candidato del Plan Progreso para Bolivia (PPB), detenido en San Pedro.
El presidente del OEP, Antonio Costas, consultado por los medios, evitó hacer mayores consideraciones sobre la polémica surgida alrededor del ex Prefecto de Pando. El titular de la máxima institución responsable de arbitrar los comicios del 6 de diciembre sostuvo que el Código Electoral prevé las sanciones para aquellos que no cumplen con las disposiciones del OEP. La resolución alude al Ejecutivo y al Ministerio de Gobierno.
La carta de “Leo”
La mañana del 12 de septiembre de 2008, al día siguiente de los acontecimientos de Porvenir, entre las 10.30 y las 11.00, recibí la llamada de la representante de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa; el entonces Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y la hoy candidata a senadora por el MAS Ana María Romero, que me hicieron conocer su preocupación por la enorme cifra de muertos y heridos abandonados sin atención (…) Entre todos me pidieron despejar la pista del aeropuerto, en el afán de permitir que un avión de primeros auxilios llegara hasta la zona del conflicto. Tras acceder solicitar el desbloqueo de la pista del aeropuerto, para permitir el arribo de la Cruz Roja y DDHH, un comando militar tomó la pista y permitió el aterrizaje de un Hércules, que transportó un contingente de fuerzas militares. La misión humanitaria que se me anunció jamás llegó, pero el pedido de la ONU —y mi intención de desenmascarar las especulaciones del Gobierno— sirvieron para que las fuerzas de represión sembraran más muerte en Pado.
Respuesta ONU
Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, efectivamente sostuvo conversaciones telefónicas con varias autoridades nacionales y departamentales; entre ellas, con el Sr. Fernández. En esas conversaciones, la Sra. Yasukawa hizo un llamado con el mismo tenor a todas: que interpusieran sus buenos oficios para atender con prontitud a las víctimas e hicieran el máximo esfuerzo para lograr la distensión e impedir más actos de violencia. En esos días, no hubo ninguna demanda de autorización formal de nuestra Organización para permitir el aterrizaje de avión alguno en Cobija, pues por razones de seguridad se postergó cualquier misión de carácter humanitaria para los subsiguientes días.Cualquier otra suposición o conjetura sobre lo ocurrido escapa al conocimiento de nuestra Organización.
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