La jueza mixta de instrucción de Porvenir, Pando, María Eugenia Romero, instruyó a la gobernación del penal de San Pedro trasladar a Leopoldo Fernández y a los demás detenidos por los hechos del 11 de septiembre de 2008 a Cobija.
El Gobierno descarta que la medida sea legal y adelanta que el candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN) deberá permanecer detenido en La Paz. Una comunicación oficial emitida por Romero a la dirección del panóptico paceño, emitida el 8 de octubre y a la que tuvo acceso La Prensa, “dispone el traslado de los detenidos en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz al recinto penitenciario de Villa Busch de la ciudad de Cobija, sea con las medidas de seguridad y bajo entera responsabilidad de sus custodios”.
La decisión se hizo en atención de un recurso de Acción de Libertad y un Amparo Constitucional presentados por la defensa de Fernández.
Consultado por este medio, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, rechazó la validez legal de la instrucción de traslado. Precisó que la jueza de Porvenir no tiene tuición sobre la investigación del caso.
“El caso Porvenir está radicado en La Paz y se seguirá el juicio aquí. No sé que interés tenga la jueza Romero pero la validez jurídica que tiene esa resolución es nula. No tiene ninguna competencia para instruir el traslado, Leopoldo Fernández y los demás detenidos deberán permanecer en La Paz. Esto responde a otro interés”.
Romero, en la notificación a San Pedro se proclama Juez contralor de las investigaciones.
El 24 de abril, la jueza Betty Yañíquez ordenó la remisión de los siete cuerpos del caso por determinación de la Corte Superior de Distrito de Pando a su colega de Porvenir,. María Eugenia Romero. Después, el 2 de julio pidió la devolución de las carpetas para subsanar una “falla administrativa”. A raíz de esta situación, la Corte Superior de Distrito de Pando asumió la competencia del caso y se desató una batalla jurídica que no pudo ser dilucidada.
Para los abogados del ex prefecto de Pando, Karlo Brito y Jhonny Castelú, una vez que las carpetas fueron llevadas a Porvenir, el caso ya está en esa jurisdicción. Britto indicó que la “causa ya está radicada en Porvenir y esto incluye a todos los imputados, incluido Fernández”.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que el caso Porvenir está radicado en La Paz. Fernández es candidato a la Vicepresidencia por PPB. Su partido respaldó la decisión y anunció que emitirá un pronunciamiento oficial hoy.
José Luis Paredes, uno de los dirigentes de ese partido, indicó que el ex prefecto debe ser juzgado en un juicio de responsabilidades aunque expresó su satisfacción por la posibilidad de que sea trasladado a Cobija. “Considero que la Jueza actuó en el marco de la legalidad y estoy seguro que Leopoldo podrá probar su inocencia en un juicio justo”.
La abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco no pudo ser contactada por este medio porque no atendió su celular.
Piden investigación ecuánime
Karlo Brito, abogado de Leopoldo Fernández, indicó que seguirán con el reclamo de un juicio de excepción. Celebró la noticia surgida en Porvenir dado que, según él, asegurará una investigación más ecuánime.
“La determinación es un triunfo para Pando porque se establece que la investigación debe hacerse allá. Lo que significa que Fernández y los demás detenidos también tienen que ser trasladados a aquella ciudad”.
El abogado aseguró que la gobernación de San Pedro deberá cumplir con la instrucción emitida por Romero. “No es posible que una vez más se hagan la burla de la jurisdicción que tiene Pando sobre el caso”.
Consultado sobre esta decisión de los administradores de justicia de Pando el vocero de Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CB) Erick Fajardo, señaló que "Pese a que le asiste al ex prefecto el derecho a caso de corte, al menos se ha restituido el proceso de Porvenir a su jurisdicción natural y serán los pandinos testigos de un proceso justo y equitativo".
Sin embargo, también afirmó que no se renunciará a demandar un juicio de responsabilidades para Leopoldo, sobre lo que en su momento deberá pronunciarse la Corte Suprema de Justicia en Sucre.
El Gobierno descarta que la medida sea legal y adelanta que el candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN) deberá permanecer detenido en La Paz. Una comunicación oficial emitida por Romero a la dirección del panóptico paceño, emitida el 8 de octubre y a la que tuvo acceso La Prensa, “dispone el traslado de los detenidos en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz al recinto penitenciario de Villa Busch de la ciudad de Cobija, sea con las medidas de seguridad y bajo entera responsabilidad de sus custodios”.
La decisión se hizo en atención de un recurso de Acción de Libertad y un Amparo Constitucional presentados por la defensa de Fernández.
Consultado por este medio, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, rechazó la validez legal de la instrucción de traslado. Precisó que la jueza de Porvenir no tiene tuición sobre la investigación del caso.
“El caso Porvenir está radicado en La Paz y se seguirá el juicio aquí. No sé que interés tenga la jueza Romero pero la validez jurídica que tiene esa resolución es nula. No tiene ninguna competencia para instruir el traslado, Leopoldo Fernández y los demás detenidos deberán permanecer en La Paz. Esto responde a otro interés”.
Romero, en la notificación a San Pedro se proclama Juez contralor de las investigaciones.
El 24 de abril, la jueza Betty Yañíquez ordenó la remisión de los siete cuerpos del caso por determinación de la Corte Superior de Distrito de Pando a su colega de Porvenir,. María Eugenia Romero. Después, el 2 de julio pidió la devolución de las carpetas para subsanar una “falla administrativa”. A raíz de esta situación, la Corte Superior de Distrito de Pando asumió la competencia del caso y se desató una batalla jurídica que no pudo ser dilucidada.
Para los abogados del ex prefecto de Pando, Karlo Brito y Jhonny Castelú, una vez que las carpetas fueron llevadas a Porvenir, el caso ya está en esa jurisdicción. Britto indicó que la “causa ya está radicada en Porvenir y esto incluye a todos los imputados, incluido Fernández”.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que el caso Porvenir está radicado en La Paz. Fernández es candidato a la Vicepresidencia por PPB. Su partido respaldó la decisión y anunció que emitirá un pronunciamiento oficial hoy.
José Luis Paredes, uno de los dirigentes de ese partido, indicó que el ex prefecto debe ser juzgado en un juicio de responsabilidades aunque expresó su satisfacción por la posibilidad de que sea trasladado a Cobija. “Considero que la Jueza actuó en el marco de la legalidad y estoy seguro que Leopoldo podrá probar su inocencia en un juicio justo”.
La abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco no pudo ser contactada por este medio porque no atendió su celular.
Piden investigación ecuánime
Karlo Brito, abogado de Leopoldo Fernández, indicó que seguirán con el reclamo de un juicio de excepción. Celebró la noticia surgida en Porvenir dado que, según él, asegurará una investigación más ecuánime.
“La determinación es un triunfo para Pando porque se establece que la investigación debe hacerse allá. Lo que significa que Fernández y los demás detenidos también tienen que ser trasladados a aquella ciudad”.
El abogado aseguró que la gobernación de San Pedro deberá cumplir con la instrucción emitida por Romero. “No es posible que una vez más se hagan la burla de la jurisdicción que tiene Pando sobre el caso”.
Consultado sobre esta decisión de los administradores de justicia de Pando el vocero de Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CB) Erick Fajardo, señaló que "Pese a que le asiste al ex prefecto el derecho a caso de corte, al menos se ha restituido el proceso de Porvenir a su jurisdicción natural y serán los pandinos testigos de un proceso justo y equitativo".
Sin embargo, también afirmó que no se renunciará a demandar un juicio de responsabilidades para Leopoldo, sobre lo que en su momento deberá pronunciarse la Corte Suprema de Justicia en Sucre.
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