El mandatario Evo Morales amenazó ayer al presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, con denunciarlo ante los veedores internacionales porque, supuestamente, asumió una posición “parcializada” con el candidato Manfred Reyes Villa. Las cortes electorales cerraron filas en defensa de la institución electoral.
En un nuevo capítulo de la polémica por los derechos electorales del postulante a la Vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Leopoldo Fernández, el presidente de la entidad, Antonio Costas, recordó ayer en la ciudad de Sucre que la resolución que autoriza a Fernández a hacer campaña electoral desde la cárcel de San Pedro es de cumplimiento obligatorio como lo son los decretos supremos que son dictados por el Ejecutivo o las sentencias emitidas por el Órgano Judicial.
El Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Santa Cruz, calificó la Resolución 239 del organismo electoral como un “grave error” y dijo que “hay una abierta parcialización del Presidente del OEP y a mí me hace pensar que el mejor jefe de campaña en este momento de Fernández y Manfred Reyes Villa es el señor Costas”.
Morales anunció: “Por tanto, tenemos la obligación de demostrar ante la opinión pública internacional, los veedores, cómo (Costas) hace una campaña abierta por Leopoldo Fernández”. Dijo que espera que el OEP revise su fallo pues, según el Gobierno, el Órgano Judicial es la instancia que debe determinar si Fernández puede o no hacer proselitismo, y no el Órgano Ejecutivo.
Más tarde en La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera, en el Palacio Quemado, indicó que el juez que lleva la causa de Fernández, acusado de asesinato, terrorismo y otros delitos, debe decidir si puede hacer campaña. Su resolución, que “es inapelable”, dijo, será acatada por el Régimen Penitenciario.
Observó que la defensa del ex Prefecto pandino no presente esa solicitud al juez y dijo que busca “un escandalito mediático” que es lo mismo que campaña.
García Linera recalcó que se respeta el trabajo del OEP, pero pidió a esta entidad que “no se involucre en temas que no son de su competencia”. Este reclamo, según aclaró, no tiene que verse como un pedido de renuncia de Costas o que exista algún tipo de desconfianza en la entidad.
El juez quinto de Instrucción Penal Cautelar, Willams Dávila, quien decidió la detención preventiva para Fernández, dijo que en el reglamento que rige al Régimen Penitenciario, el Decreto 26715, no menciona en ninguno de sus artículos que un juez deba autorizar entrevistas de un preso.
Desde Sucre, donde se realiza la última reunión de evaluación del empadronamiento biométrico del OEP y los presidentes de los organismos electorales departamentales, Costas aseveró: “El Poder Ejecutivo emite decretos; el Legislativo, leyes; el Judicial, sentencias, y la Corte (Electoral), resoluciones, y todas son de cumplimiento obligatorio; entonces, la CNE, en el caso concreto de los procesos electorales y en los periodos electorales, es el juez natural y, consecuentemente, lo que hace es prever las garantías electorales, en ese sentido se ha pronunciado y no voy a hacer más comentarios”.
Los presidentes de las cortes de Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro y Chuquisaca consultados por La Prensa respaldaron el fallo emitido por el organismo. Según el titular de la Corte potosina, Guillermo Benavides, hubo un apoyo unánime a la Sala Plena del OEP.
Jorge Valdez, presidente de la CDE pandina, dijo que la entidad electoral es “imparcial”, por lo que no se puede acusar de parcializarse con uno u otro frente. El titular del organismo electoral de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, afirmó que apoya plenamente las decisiones del ente nacional.
Joaquín Pérez, presidente de la Corte de Cochabamba, sostuvo que sólo se aplicó lo que la Constitución Política del Estado precautela en todo boliviano.
Ronald Mattorell, vocal del organismo electoral beniano, aseguró que la decisión de Costas, Amalia Oporto y Roxana Ibarnegaray fue la correcta.
Mario Orlando Parada, titular de la CDE cruceña, salió en defensa de la determinación “autónoma” del OEP y rechazó las acusaciones del Órgano Ejecutivo. El presidente de la CDE chuquisaqueña, Víctor Sánchez, dijo que la decisión se enmarca en las normas electorales vigentes, y su colega de Oruro, David Apaza, dijo que la institución nacional actuó amparado en sus facultades como poder del Estado y juez del proceso electoral.
En La Paz, el Gobierno impidió que Fernández hablara con los periodistas en una conferencia de prensa que debía efectuarse ayer en el penal San Pedro, alegando que en las normas internas de las cárceles no se permiten conferencias de prensa ni la realización de campañas electorales.
Su abogada Sandra Almanza, tras afirmar que se vulneraron los derechos de su defendido al impedir que se desarrolle la conferencia, denunció que fue sacada a empujones por dos “matones” de la oficina del responsable de Penitenciaría, Héctor Sheiff.
La jurista y el vocero de PPB-CN, Érick Fajardo, anunciaron que ante esta negativa, Fernández enviará hoy una carta “personal” al presidente Evo Morales en la que le solicitará el cumplimiento de la resolución de la entidad electoral y que “evite” que sus subalternos cometan delitos electorales.
Fajardo también dijo que se denunciará la vulneración de los derechos políticos de Fernández por parte del Gobierno al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país y ante el Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En Santa Cruz destruyen vallas y crece la intolerancia en la campaña
En la medida que se acerca el día de las elecciones generales crece la violencia en la campaña proselitista. Ayer aparecieron otras dos vallas dañadas por desconocidos en la zona del Plan Tres Mil. Los candidatos afectados, de dos frentes opositores al Gobierno, achacan este hecho al MAS. A su vez, los oficialistas descartan las acusaciones y exigen pruebas.
Estas acciones se suman a la ocurrida el fin de semana, cuando desconocidos quemaron una gigantografía del aspirante a la circunscripción 53 por el Plan Progreso para Bolivia- Convergencia Nacional (PPB-CN), Tomás Monasterios, ubicada en la avenida Virgen de Luján.
Ayer, la valla plástica del candidato del mismo frente por la C-54, Andrés Gallardo, fue desprendida en la avenida Che Guevara, en el Plan Tres Mil. Según el denunciante, los vándalos actuaron de noche y fueron reconocidos por los vecinos como militantes del MAS.
La otra valla dañada se encuentra en la rotonda de la misma zona. La candidata por Unidad Nacional-Consenso Popular (UN-CP) de la C-55, Glency Herrera, acusó a los grupos de choque que tiene el MAS en esa populosa zona de Santa Cruz. En los tres casos los acusadores no mostraron pruebas.
Herrera, que había colocado el martes la valla con su fotografía junto a la del candidato presidencial Samuel Doria Medina, también denunció que en su campaña puerta a puerta con los vecinos sufre agresiones verbales de grupos afines al oficialismo.
Silverio Poma, líder del MAS en el Plan Tres Mil, negó que los seguidores de Evo Morales hubieran dañado las vallas de los frentes opositores y exigió que presenten pruebas y hagan la denuncia ante las instancias judiciales que corresponden. “Quién sabe si ellos mismos han tumbado sus vallas y dicen que es gente del MAS. Apoyamos el proceso democrático y garantizaremos que todos hagan campaña sin llegar a la violencia”.
Asimismo, los representantes de la Unión Juvenil Popular del Plan Tres Mil aseguraron que no arrancaron las vallas de los opositores.
Centro Carter observó incidentes en San Pedro
Miembros del Centro Carter, que observa el proceso electoral en el país, estuvieron en la plaza Sucre (San Pedro) y evaluaron lo sucedido en el lugar, donde dos grupos de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) se agredieron verbalmente mientras se esperaba la confirmación de una conferencia de prensa que se anunció iba a dar el candidato a la Vicepresidencia por el segundo frente.
Uno de los veedores dijo que harían conocer el resultado de la observación; pero más tarde, el responsable de comunicación de esa institución, Hugo Quintana, aclaró que su presencia en el lugar es parte de la labor que efectúan en todo el país sobre el desarrollo de la campañas electorales y que no se emitirá un comunicado en específico sobre lo ocurrido este jueves en San Pedro.
Según prometió, en la segunda semana de noviembre se presentará un comunicado sobre la observación a las actividades proselitistas que se llevan a cabo en los nueve departamentos del país.
El Centro Carter comenzó, en agosto, la observación al desarrollo del registro del padrón biométrico, que concluyó el 15 de octubre. Su labor también se extiende a la administración del proceso de empadronamiento, la participación ciudadana, las eventuales quejas acerca del proceso y otros asuntos relacionados con los comicios.
Esta entidad ya participó como veedor en el referéndum constitucional del 25 de enero.
Amague de enfrentamiento entre simpatizantes
Para las 10.00 —hora en que los abogados de Leopoldo Fernández, candidato a la Vicepresidencia por Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, convocaron a una conferencia de prensa del ex Prefecto de Pando en el penal de San Pedro—, simpatizantes de la ex autoridad y de ese frente político y miembros del autodenominado “comité cívico popular”, que apoya al Movimiento Al Socialismo (MAS), ya se encontraban en las afueras de ese recinto penitenciario y protagonizaban amagues de enfrentamiento.
La gente, que no sobrepasó la centena, lanzaba insultos, adjetivos y consignas en favor de uno y otro bandos, los que permanecieron hasta pasado el mediodía.
Primero se ubicaron en el frontis del penal, donde los efectivos policiales tuvieron que intervenir para evitar que algunas personas se agarraran a golpes; posteriormente se trasladaron a la parte lateral del centro carcelario. Al enterarse de que la conferencia de prensa no se llevaría a cabo, la mayoría de los simpatizantes de PPB-CN abandonó el lugar.
En un nuevo capítulo de la polémica por los derechos electorales del postulante a la Vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Leopoldo Fernández, el presidente de la entidad, Antonio Costas, recordó ayer en la ciudad de Sucre que la resolución que autoriza a Fernández a hacer campaña electoral desde la cárcel de San Pedro es de cumplimiento obligatorio como lo son los decretos supremos que son dictados por el Ejecutivo o las sentencias emitidas por el Órgano Judicial.
El Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Santa Cruz, calificó la Resolución 239 del organismo electoral como un “grave error” y dijo que “hay una abierta parcialización del Presidente del OEP y a mí me hace pensar que el mejor jefe de campaña en este momento de Fernández y Manfred Reyes Villa es el señor Costas”.
Morales anunció: “Por tanto, tenemos la obligación de demostrar ante la opinión pública internacional, los veedores, cómo (Costas) hace una campaña abierta por Leopoldo Fernández”. Dijo que espera que el OEP revise su fallo pues, según el Gobierno, el Órgano Judicial es la instancia que debe determinar si Fernández puede o no hacer proselitismo, y no el Órgano Ejecutivo.
Más tarde en La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera, en el Palacio Quemado, indicó que el juez que lleva la causa de Fernández, acusado de asesinato, terrorismo y otros delitos, debe decidir si puede hacer campaña. Su resolución, que “es inapelable”, dijo, será acatada por el Régimen Penitenciario.
Observó que la defensa del ex Prefecto pandino no presente esa solicitud al juez y dijo que busca “un escandalito mediático” que es lo mismo que campaña.
García Linera recalcó que se respeta el trabajo del OEP, pero pidió a esta entidad que “no se involucre en temas que no son de su competencia”. Este reclamo, según aclaró, no tiene que verse como un pedido de renuncia de Costas o que exista algún tipo de desconfianza en la entidad.
El juez quinto de Instrucción Penal Cautelar, Willams Dávila, quien decidió la detención preventiva para Fernández, dijo que en el reglamento que rige al Régimen Penitenciario, el Decreto 26715, no menciona en ninguno de sus artículos que un juez deba autorizar entrevistas de un preso.
Desde Sucre, donde se realiza la última reunión de evaluación del empadronamiento biométrico del OEP y los presidentes de los organismos electorales departamentales, Costas aseveró: “El Poder Ejecutivo emite decretos; el Legislativo, leyes; el Judicial, sentencias, y la Corte (Electoral), resoluciones, y todas son de cumplimiento obligatorio; entonces, la CNE, en el caso concreto de los procesos electorales y en los periodos electorales, es el juez natural y, consecuentemente, lo que hace es prever las garantías electorales, en ese sentido se ha pronunciado y no voy a hacer más comentarios”.
Los presidentes de las cortes de Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro y Chuquisaca consultados por La Prensa respaldaron el fallo emitido por el organismo. Según el titular de la Corte potosina, Guillermo Benavides, hubo un apoyo unánime a la Sala Plena del OEP.
Jorge Valdez, presidente de la CDE pandina, dijo que la entidad electoral es “imparcial”, por lo que no se puede acusar de parcializarse con uno u otro frente. El titular del organismo electoral de Tarija, Miguel Ángel Guzmán, afirmó que apoya plenamente las decisiones del ente nacional.
Joaquín Pérez, presidente de la Corte de Cochabamba, sostuvo que sólo se aplicó lo que la Constitución Política del Estado precautela en todo boliviano.
Ronald Mattorell, vocal del organismo electoral beniano, aseguró que la decisión de Costas, Amalia Oporto y Roxana Ibarnegaray fue la correcta.
Mario Orlando Parada, titular de la CDE cruceña, salió en defensa de la determinación “autónoma” del OEP y rechazó las acusaciones del Órgano Ejecutivo. El presidente de la CDE chuquisaqueña, Víctor Sánchez, dijo que la decisión se enmarca en las normas electorales vigentes, y su colega de Oruro, David Apaza, dijo que la institución nacional actuó amparado en sus facultades como poder del Estado y juez del proceso electoral.
En La Paz, el Gobierno impidió que Fernández hablara con los periodistas en una conferencia de prensa que debía efectuarse ayer en el penal San Pedro, alegando que en las normas internas de las cárceles no se permiten conferencias de prensa ni la realización de campañas electorales.
Su abogada Sandra Almanza, tras afirmar que se vulneraron los derechos de su defendido al impedir que se desarrolle la conferencia, denunció que fue sacada a empujones por dos “matones” de la oficina del responsable de Penitenciaría, Héctor Sheiff.
La jurista y el vocero de PPB-CN, Érick Fajardo, anunciaron que ante esta negativa, Fernández enviará hoy una carta “personal” al presidente Evo Morales en la que le solicitará el cumplimiento de la resolución de la entidad electoral y que “evite” que sus subalternos cometan delitos electorales.
Fajardo también dijo que se denunciará la vulneración de los derechos políticos de Fernández por parte del Gobierno al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país y ante el Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En Santa Cruz destruyen vallas y crece la intolerancia en la campaña
En la medida que se acerca el día de las elecciones generales crece la violencia en la campaña proselitista. Ayer aparecieron otras dos vallas dañadas por desconocidos en la zona del Plan Tres Mil. Los candidatos afectados, de dos frentes opositores al Gobierno, achacan este hecho al MAS. A su vez, los oficialistas descartan las acusaciones y exigen pruebas.
Estas acciones se suman a la ocurrida el fin de semana, cuando desconocidos quemaron una gigantografía del aspirante a la circunscripción 53 por el Plan Progreso para Bolivia- Convergencia Nacional (PPB-CN), Tomás Monasterios, ubicada en la avenida Virgen de Luján.
Ayer, la valla plástica del candidato del mismo frente por la C-54, Andrés Gallardo, fue desprendida en la avenida Che Guevara, en el Plan Tres Mil. Según el denunciante, los vándalos actuaron de noche y fueron reconocidos por los vecinos como militantes del MAS.
La otra valla dañada se encuentra en la rotonda de la misma zona. La candidata por Unidad Nacional-Consenso Popular (UN-CP) de la C-55, Glency Herrera, acusó a los grupos de choque que tiene el MAS en esa populosa zona de Santa Cruz. En los tres casos los acusadores no mostraron pruebas.
Herrera, que había colocado el martes la valla con su fotografía junto a la del candidato presidencial Samuel Doria Medina, también denunció que en su campaña puerta a puerta con los vecinos sufre agresiones verbales de grupos afines al oficialismo.
Silverio Poma, líder del MAS en el Plan Tres Mil, negó que los seguidores de Evo Morales hubieran dañado las vallas de los frentes opositores y exigió que presenten pruebas y hagan la denuncia ante las instancias judiciales que corresponden. “Quién sabe si ellos mismos han tumbado sus vallas y dicen que es gente del MAS. Apoyamos el proceso democrático y garantizaremos que todos hagan campaña sin llegar a la violencia”.
Asimismo, los representantes de la Unión Juvenil Popular del Plan Tres Mil aseguraron que no arrancaron las vallas de los opositores.
Centro Carter observó incidentes en San Pedro
Miembros del Centro Carter, que observa el proceso electoral en el país, estuvieron en la plaza Sucre (San Pedro) y evaluaron lo sucedido en el lugar, donde dos grupos de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) se agredieron verbalmente mientras se esperaba la confirmación de una conferencia de prensa que se anunció iba a dar el candidato a la Vicepresidencia por el segundo frente.
Uno de los veedores dijo que harían conocer el resultado de la observación; pero más tarde, el responsable de comunicación de esa institución, Hugo Quintana, aclaró que su presencia en el lugar es parte de la labor que efectúan en todo el país sobre el desarrollo de la campañas electorales y que no se emitirá un comunicado en específico sobre lo ocurrido este jueves en San Pedro.
Según prometió, en la segunda semana de noviembre se presentará un comunicado sobre la observación a las actividades proselitistas que se llevan a cabo en los nueve departamentos del país.
El Centro Carter comenzó, en agosto, la observación al desarrollo del registro del padrón biométrico, que concluyó el 15 de octubre. Su labor también se extiende a la administración del proceso de empadronamiento, la participación ciudadana, las eventuales quejas acerca del proceso y otros asuntos relacionados con los comicios.
Esta entidad ya participó como veedor en el referéndum constitucional del 25 de enero.
Amague de enfrentamiento entre simpatizantes
Para las 10.00 —hora en que los abogados de Leopoldo Fernández, candidato a la Vicepresidencia por Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, convocaron a una conferencia de prensa del ex Prefecto de Pando en el penal de San Pedro—, simpatizantes de la ex autoridad y de ese frente político y miembros del autodenominado “comité cívico popular”, que apoya al Movimiento Al Socialismo (MAS), ya se encontraban en las afueras de ese recinto penitenciario y protagonizaban amagues de enfrentamiento.
La gente, que no sobrepasó la centena, lanzaba insultos, adjetivos y consignas en favor de uno y otro bandos, los que permanecieron hasta pasado el mediodía.
Primero se ubicaron en el frontis del penal, donde los efectivos policiales tuvieron que intervenir para evitar que algunas personas se agarraran a golpes; posteriormente se trasladaron a la parte lateral del centro carcelario. Al enterarse de que la conferencia de prensa no se llevaría a cabo, la mayoría de los simpatizantes de PPB-CN abandonó el lugar.
La Policía se vio obligada a retirar a los que quedaban, mientras los miembros del “comité cívico” continuaban en ese sector lanzando insultos contra el ex Prefecto de Pando.
En el lugar llamó la atención la presencia de Édgar Mora, dirigente del llamado “comité cívico popular”, y de Adolfo Cerrudo, quienes están bajo medidas sustitutivas impuestas por un Juzgado, lo que les limita participar en movilizaciones públicas.
Mora, quien con megáfono en mano dirigía las consignas contra Fernández, justificó su presencia en San Pedro aduciendo que no había nada que se hubiera comprobado en su contra y que estaba en lugar para protestar contra quien es responsable de las muertes de campesinos en Pando.
Cerrudo estuvo detenido preventivamente y tiene prohibido acercarse a los periodistas. Afronta procesos legales por agredir a periodistas y amenazar con violar a una reportera del periódico La Razón.
Uno de los efectivos policiales al que se se le recordó que Mora tiene medidas sustitutivas y estaba restringido de participar en esa movilización solicitó que le mostraran las resolución judicial para poder detenerlo.
La polémica
El artículo 40 (Entrevista con medios de comunicación), del Decreto Supremo 26715 del 26 de julio de 2002, que rige el reglamento de Régimen Penitenciario, señala:
“Cuando el interno en forma escrita solicite o acepte mantener una entrevista individual con un representante de un medio de comunicación social, el Director del Establecimiento permitirá la misma habilitando un lugar adecuado para su realización y autorizando la introducción de los equipos que correspondan.
Si el interno solicitare mantener
la entrevista fuera del horario de visitas ordinarias, deberá fundamentar la necesidad de la visita extraordinaria”.
Lo que dice el Gobierno
Las autoridades del Ejecutivo dicen, con respecto a Leopoldo Fernández, por su calidad de detenido preventivo en el penal de San Pedro, que es competencia del Poder Judicial autorizar sus entrevistas con los periodistas o conferencias de prensa, previa solicitud de la parte interesada.
Lo que dice la defensa:
Los abogados defensores del candidato a la Vicepresidencia por PPB-CN se amparan en ese artículo para solicitar a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario que autorice a su defendido el contacto con los medios de comunicación cuando sea necesario, tomando en cuenta que tiene condición de candidato reconocido oficialmente por el Órgano Electoral Plurinacional.
Apuntes
Leopoldo Fernández se encuentra detenido desde el 18 de septiembre de 2008.
Sobre él pesa una acusación formal por asesinato, terrorismo y otros delitos.
Es postulante a la Vicepresidencia por PPB-CN reconocido por la entidad electoral.
El OEP considera que en su condición de candidato tiene derecho a hacer campaña política.
El Gobierno rechaza esta determinación y alega que es un juez el que debe decidir.
Apuntes
Leopoldo Fernández se encuentra detenido desde el 18 de septiembre de 2008.
Sobre él pesa una acusación formal por asesinato, terrorismo y otros delitos.
Es postulante a la Vicepresidencia por PPB-CN reconocido por la entidad electoral.
El OEP considera que en su condición de candidato tiene derecho a hacer campaña política.
El Gobierno rechaza esta determinación y alega que es un juez el que debe decidir.
PPB anunció que presentará la queja ante organismos internacionales que defienden los DDHH.
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