El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) desautorizó a las entidades públicas, como el Ministerio de Economía y la Prefectura de Potosí, que dispusieron sanciones y restricciones a los ciudadanos que no se registraron en el padrón biométrico y declaró que estas medidas impuestas son ilegales.
La institución aprobó ayer una resolución que instruye a las entidades bancarias y de Migración reclamar el certificado de inscripción a los ciudadanos sólo a partir del miércoles 7.
La vocal del ente electoral Roxana Ibarnegaray explicó a
La Prensa que las entidades públicas no tienen facultad para disponer medidas contra aquellos ciudadanos que no se inscribieron y recordó que el OEP es la única que dirige el empadronamiento biométrico.
“En el Código Electoral no existe ninguna disposición que autorice esto. Un registro es un registro y nunca se ha sancionado la no inscripción. Las sanciones que impone el Órgano Electoral son para los ciudadanos que no votan en una elección”.
La Prefectura de Potosí, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fueron las primeras en emitir medidas restrictivas para las personas que aún no se registraron en el biométrico.
La entidad gubernamental dispuso que los ciudadanos entre los 60 y 70 años de edad que no porten el documento que certifica su inscripción en la nueva base de datos electoral no podrán cobrar su Renta Dignidad.
Mientras, el gobierno departamental potosino aprobó el miércoles una resolución que ordena que los no inscritos no podrán cobrar sus sueldos en entidades públicas y privadas de esa región desde hoy. Tampoco podrán comprar boletos de transporte interprovincial e interdepartamental sin la presentación de la boleta de inscripción. Esta medida rige desde ayer.
El ex vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE) Jorge Lazarte consideró como una “usurpación de funciones” y “un abuso de poder” las medidas determinadas por el Ministerio de Economía y la Prefectura de Potosí. Según el analista, la única entidad facultada para emitir medidas para aquellos que no se inscribieron es el ente electoral.
Además, la Prefectura potosina basó sus argumentos legales en el Código Electoral que señala que el certificado de sufragio es indispensable para realizar trámites bancarios; sin embargo, este comprobante recién será recabado en las elecciones del 6 de diciembre.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, reiteró ayer la vigencia de la disposición que afecta a los adultos mayores hasta los 70 años. Dijo que los ciudadanos a partir de esa edad no tienen obligación de empadronarse.
Las personas inscritas en el padrón son más de cuatro millones, pero el Gobierno quiere que la base de datos llegue a los cinco millones.
El control del comprobante de inscripción debía comenzar ayer, pero el responsable de Prensa del OEP, Rubén Martínez, anunció que esta vigilancia se postergó hasta la siguiente semana. El organismo electoral envió una nota oficial a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) (ex Superintendencia de Regulación de Cancos) para comunicar las restricciones.
Hoy se reanuda el empadronamiento de colonos
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Pando reanudará hoy el empadronamiento biométrico en la provincia Abuná, donde se encuentran más de 300 familias de colonos del trópico de Cochabamba.
Óscar Guerrero, vocal de la institución, designado por el Gobierno, informó a La Prensa que unidades móviles y fijas comenzarán a ingresar en la zona de forma escalonada desde hoy. La comunidad Bernardino Racua, donde están instalados los chapareños, es una de las últimas regiones donde se hará el empadronamiento.
Guerrero, que fue dirigente de la Coordinadora Departamental para el Cambio (Codelcam), reiteró que los nuevos asentados serán empadronados.
“La Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral garantizan a todos los ciudadanos el derecho a ser inscritos y participar en las elecciones del 6 de diciembre. Por eso, como Corte Departamental haremos cumplir ese mandato”.
El registro en Abuná se suspendió luego de que el miércoles 23 de septiembre grupos cívicos y campesinos pandinos quisieron impedir que los asentados se inscriban. Jorge Valdez, presidente de la CDE pandina, informó hace una semana que cerca de 100 personas se empadronaron de la comunidad Bernardino Racua.
Pando es el departamento más atrasado en la inscripción en áreas rurales; según el OEP, sólo se registraron 2.269 personas, un 28 por ciento.
Análisis
Jorge Lazarte
Ex Vocal de la CNE
“Las restricciones impuestas (por la Prefectura de Potosí y el Ministerio de Economía) son un abuso de poder y acciones ilegales. El Órgano Electoral debe determinar qué tipo de sanciones deben imponerse. Estas instituciones están usurpando funciones. Además, no se pueden establecer sanciones a ciudadanos que no se han registrado porque el plazo aún no ha terminado, es un exceso.
La Constitución Política del Estado establece la obligatoriedad del sufragio, no la obligatoriedad del registro. El voto es el obligatorio y su incumplimiento es el sancionable. El Código Electoral establece que el único documento exigible es el documento de sufragio, el certificado. En los últimos 30 años las sanciones comenzaron a correr a partir del día después de cada elección, nunca antes.
Estos actos son ilegales e innecesarios porque el registro ha superado todas las expectativas. El Órgano Electoral debería advertir a los ciudadanos por las sanciones después del voto”.
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