• Gobierno y opositores intercambian amenazas en lugar de propuestas
El Movimiento al Socialismo (MAS) advirtió con adelantar los comicios de diciembre de 2009 y encarcelar a diputados si no se aprueba la nueva Ley Electoral, al acercarse el plazo fatal de 60 días para dicho fin.
La ley más importante de la etapa de transición de poder que se consolidará en las elecciones del 6 de diciembre naufraga entre las olas embravecidas de la confrontación política entre Gobierno y opositores que intercambian más amenazas que propuestas de concertación.
El plazo de 60 días establecido por la nueva Constitución Política del Estado para la aprobación de la ley electoral transitoria fenece la primera semana de este mes, pero las bancadas del MAS y Podemos aparecen enfrascadas en un debate mediatizado por las entrevistas y alejado del consenso legislativo en el Congreso de la República.
Ayer las amenazas del oficialismo reemplazaron la posibilidad de un cerco por la advertencia de encarcelamiento de los congresistas que no aprueben la ley aprobada por la Cámara de Diputados y la convocatoria anticipada a las elecciones generales. El senador por el MAS, Félix Rojas dijo que los parlamentarios que incumplan con el plazo “fatal” de 60 días para aprobar la ley electoral, serán remitidos a la “cárcel”.
“Tenemos un plazo fatal del 8 de abril para aprobar una Ley que permita las elecciones el 6 de diciembre de 2009”, dijo Rojas.
Advirtió que “hasta esa fecha se tiene que sancionar y promulgar la ley transitoria establecida en la nueva Constitución” y que “si los congresistas, tanto oficialistas, como opositores no cumplimos con esa obligación, todos iremos a la cárcel”.
Rojas dijo que los congresistas son pasibles a “sendos procesos de responsabilidad penal”, que pueden derivar en sanciones de reclusión por el delito de incumplimiento de deberes.
Rojas advirtió además que ese proceso contra 130 diputados y 27 senadores sería el virtual cierre del Congreso Nacional y que ante esa posibilidad y por disposición del Código Electoral vigente, el Presidente, se vería en la obligación de convocar a elecciones generales.
“El Ejecutivo va a verse en la dura necesidad de convocar al pueblo a las urnas, a través de un decreto supremo, en apego a la ley”, dijo Rojas.
Los ejecutivos de la empresa que arrendaron esta mina a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) señalaron que no pueden operar desde hace más de un año y que en ese tiempo perdieron más de $us 9 millones y denunciaron que los comunarios incluso utilizan el equipo que pertenece a los empresarios de apellido Killman.
El viceministro Farfán dijo que avasallar terrenos o concesiones a nombre de la nueva Constitución es hacerle un “flaco favor” a este instrumento legal que respeta la vida, propiedad privada y las inversiones privadas.
Los comunarios del lugar, según resportes de la red ATB, manifestaron que no devolverán la concesión y manifestaron que “nacionalizarán” esta mina porque cuentan con el apoyo legal de la nueva CPE.
El Movimiento al Socialismo (MAS) advirtió con adelantar los comicios de diciembre de 2009 y encarcelar a diputados si no se aprueba la nueva Ley Electoral, al acercarse el plazo fatal de 60 días para dicho fin.
La ley más importante de la etapa de transición de poder que se consolidará en las elecciones del 6 de diciembre naufraga entre las olas embravecidas de la confrontación política entre Gobierno y opositores que intercambian más amenazas que propuestas de concertación.
El plazo de 60 días establecido por la nueva Constitución Política del Estado para la aprobación de la ley electoral transitoria fenece la primera semana de este mes, pero las bancadas del MAS y Podemos aparecen enfrascadas en un debate mediatizado por las entrevistas y alejado del consenso legislativo en el Congreso de la República.
Ayer las amenazas del oficialismo reemplazaron la posibilidad de un cerco por la advertencia de encarcelamiento de los congresistas que no aprueben la ley aprobada por la Cámara de Diputados y la convocatoria anticipada a las elecciones generales. El senador por el MAS, Félix Rojas dijo que los parlamentarios que incumplan con el plazo “fatal” de 60 días para aprobar la ley electoral, serán remitidos a la “cárcel”.
“Tenemos un plazo fatal del 8 de abril para aprobar una Ley que permita las elecciones el 6 de diciembre de 2009”, dijo Rojas.
Advirtió que “hasta esa fecha se tiene que sancionar y promulgar la ley transitoria establecida en la nueva Constitución” y que “si los congresistas, tanto oficialistas, como opositores no cumplimos con esa obligación, todos iremos a la cárcel”.
Rojas dijo que los congresistas son pasibles a “sendos procesos de responsabilidad penal”, que pueden derivar en sanciones de reclusión por el delito de incumplimiento de deberes.
Rojas advirtió además que ese proceso contra 130 diputados y 27 senadores sería el virtual cierre del Congreso Nacional y que ante esa posibilidad y por disposición del Código Electoral vigente, el Presidente, se vería en la obligación de convocar a elecciones generales.
“El Ejecutivo va a verse en la dura necesidad de convocar al pueblo a las urnas, a través de un decreto supremo, en apego a la ley”, dijo Rojas.
Los ejecutivos de la empresa que arrendaron esta mina a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) señalaron que no pueden operar desde hace más de un año y que en ese tiempo perdieron más de $us 9 millones y denunciaron que los comunarios incluso utilizan el equipo que pertenece a los empresarios de apellido Killman.
El viceministro Farfán dijo que avasallar terrenos o concesiones a nombre de la nueva Constitución es hacerle un “flaco favor” a este instrumento legal que respeta la vida, propiedad privada y las inversiones privadas.
Los comunarios del lugar, según resportes de la red ATB, manifestaron que no devolverán la concesión y manifestaron que “nacionalizarán” esta mina porque cuentan con el apoyo legal de la nueva CPE.
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